En el marco del diálogo defensorial llevado a cabo en Cali, la Defensoría del Pueblo reveló un inquietante informe titulado “Conflictos y desafíos del transporte terrestre en Colombia”. Este documento, elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, expone la alarmante cifra de 665 conflictos sociales en el sector transporte registrados entre 2022 y abril de 2024. Los datos del informe reflejan la diversidad y complejidad de los problemas que enfrenta el transporte terrestre en el país, destacando la necesidad urgente de intervención y soluciones efectivas.
El informe detalla que estos conflictos están repartidos en 227 municipios de 28 departamentos, además de Bogotá. Antioquia lidera con 69 casos, equivalente al 10% del total, seguido por Bogotá con 65 conflictos, Santander con 54, Bolívar con 48, Atlántico con 39, Cundinamarca con 38, y Magdalena y Valle del Cauca con 34 casos cada uno. Estas cifras subrayan la amplitud geográfica del problema, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.
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Las demandas sociales en el sector transporte se concentran principalmente en cuatro áreas: infraestructura (39%), competitividad (31%), regulación efectiva y rechazo a medidas regulatorias (22%), y seguridad (6%). En términos de manifestaciones, los cierres y bloqueos representan el 54% de las acciones, las concentraciones el 20% y las marchas el 13%. Estas formas de protesta indican un alto nivel de descontento y la urgencia de soluciones que respondan a las necesidades de los diferentes actores involucrados.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo considera que las medidas adoptadas han sido insuficientes para resolver los problemas estructurales del sector. Los cambios constantes en los procesos administrativos y la falta de un diálogo continuo han impedido avances significativos. Por ello, la entidad ha realizado un llamado urgente al Gobierno para que “atienda las necesidades de todos los actores involucrados en el sector” y promueva una movilidad inclusiva y beneficiosa para toda la sociedad.
En su informe, la Defensoría del Pueblo recomienda fortalecer las alianzas público-privadas para mejorar la infraestructura, especialmente en las vías terciarias. Esto facilitaría el acceso a servicios y bienes esenciales para las poblaciones más apartadas y marginadas del país. La implementación de estas recomendaciones podría ser clave para resolver los conflictos y mejorar la calidad del transporte terrestre en Colombia.
El informe “Conflictos y desafíos del transporte terrestre en Colombia” no solo destaca la gravedad de la situación actual, sino que también subraya la necesidad de acciones inmediatas y coordinadas. La resolución de estos conflictos es crucial para garantizar una movilidad eficiente y segura que beneficie a toda la población. La atención a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo podría marcar el comienzo de una era de estabilidad y progreso en el transporte terrestre colombiano, pero requiere un compromiso firme y sostenido por parte del Gobierno y todos los actores involucrados.
Fuente: Caracol Radio
