El suministro de gas en Colombia atraviesa un panorama incierto, con señales de alarma que podrían derivar en una crisis energética a corto plazo. La creciente demanda y la disminución de la producción nacional han puesto al país en una situación delicada, mientras que los cambios en la regulación y la infraestructura plantean retos adicionales para el sector.
Según el Gestor del Mercado del Gas, Colombia consume actualmente alrededor de 1.000 millones de pies cúbicos por día, una cifra que genera dudas sobre la capacidad de abastecimiento futuro. A esto se suma la reciente renuncia del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, lo que deja en vilo las decisiones estratégicas necesarias para garantizar la estabilidad del suministro. Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha implementado nuevas normativas que afectan la contratación y el transporte del gas, incluyendo flexibilidades en los acuerdos y la regulación del gas costa afuera.
La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) ha manifestado su preocupación por la disponibilidad del recurso en los próximos años. Según su análisis, si no se toman medidas urgentes, Colombia podría enfrentar una escasez crítica de gas en 2026, impactando gravemente a hogares y sectores productivos.
Flover Rodríguez, director ejecutivo de la ACGGP, advierte que la oferta de los campos actuales no es suficiente para cubrir la demanda nacional. “La realidad es que hay una escasez de gas y la oferta de los campos no suple la totalidad de la demanda. Yo me imaginaría aumentos en los precios efectivamente, pero quizás más progresivos. El precio del gas se ve afectado por los costos de importación, y traer gas importado es más costoso que producirlo en el país”, explicó Rodríguez.
Uno de los puntos críticos es el costo del transporte. Dado que el gas importado ingresa al país por la región Caribe, su movilización hacia el interior del país encarece significativamente el producto. “Entre mayor sea la distancia entre la fuente y el centro de consumo, mayor será el costo. Bogotá, por ejemplo, uno de los mayores consumidores, se verá fuertemente afectada”, añadió Rodríguez.
El alza en los costos del gas ya se empieza a reflejar en las tarifas que deben pagar los colombianos. La empresa distribuidora Vanti anunció que en febrero el precio del gas podría aumentar hasta en un 36%, lo que afectaría de manera más drástica a los hogares de menores ingresos en ciudades como Bogotá, donde la mayoría de la población en condiciones de pobreza depende de este recurso para sus necesidades básicas.
Actualmente, Colombia se abastece principalmente de campos como Cusiana, Cupiagua, Pauto y Floreña, los cuales representan entre el 55% y el 60% del consumo nacional. Sin embargo, la producción de estos yacimientos ha disminuido, lo que ha obligado a las empresas distribuidoras a recurrir al gas importado desde diciembre de 2024.
En medio de esta crisis, el sector energético recibió una noticia esperanzadora en 2024 con el descubrimiento del pozo Sirius-2 por parte de Ecopetrol y Petrobras. Este hallazgo offshore tiene un potencial de 6 terapiés cúbicos, el doble de las reservas actuales del país. Sin embargo, su aprovechamiento no será inmediato.
Para integrar este gas al Sistema Nacional de Transporte, se requiere una infraestructura compleja que conecte el lecho marino con la planta de Ballena. Se estima que este proceso tardará al menos hasta finales de 2029. De hecho, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, advirtió que es poco probable que este gas entre al mercado antes de 2030 debido a las 119 consultas previas necesarias para su aprobación.
El país enfrenta un panorama desafiante en materia de gas. Mientras los costos siguen en aumento y las reservas nacionales disminuyen, la falta de decisiones estratégicas podría poner en riesgo el abastecimiento en los próximos años. La incertidumbre política y la necesidad de infraestructura son obstáculos adicionales en la búsqueda de una solución efectiva.
Ante este escenario, es crucial que el Gobierno Nacional actúe con rapidez, garantizando políticas energéticas que impulsen la exploración y producción nacional, faciliten la infraestructura necesaria y mitiguen el impacto económico en la población. De lo contrario, el país podría encaminarse hacia una crisis energética sin precedentes.
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