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El debate sobre el transporte por apps en Colombia

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Crédito Imagen: UnSplash

En Colombia, el transporte por aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify e inDriver sigue siendo un tema de alta controversia. A pesar de su popularidad entre los usuarios, la normativa vigente considera que estas plataformas operan dentro de un marco de transporte público no autorizado, lo que ha generado una serie de sanciones para los conductores que prestan estos servicios.

La situación ha escalado en diversas ciudades del país, siendo Armenia uno de los ejemplos más claros de la mano dura con la que las autoridades están enfrentando esta problemática. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta) reportó la suspensión de 439 licencias de conducción en 2024. De estas, 93 correspondieron a conductores reincidentes en la prestación de servicios de transporte informal. Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Setta, argumentó que estas suspensiones son el resultado de infracciones de tránsito derivadas de la prestación de transporte público sin autorización.


Este tipo de medidas han generado una fuerte discusión entre quienes consideran que las aplicaciones de transporte deben operar con regulaciones claras y quienes creen que las restricciones actuales atentan contra la libre competencia y el derecho al trabajo.

Ante esta situación, un proyecto de ley estatutaria en discusión en el Congreso podría modificar el panorama para los conductores de plataformas digitales. La iniciativa busca establecer una regulación específica para este tipo de servicios, eliminando sanciones como la inmovilización de vehículos y las multas para aquellos conductores que operen dentro del marco legal que establezca la normativa.

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La abogada Danna Piñeros, consultora jurídica del Centro Jurídico Internacional, explicó que este proyecto plantea que el Estado no debe restringir el uso de tecnologías vinculadas a la movilidad. “Si el proyecto se aprueba, los conductores no serán multados ni sus vehículos inmovilizados, siempre que cumplan con los requisitos que establezca la regulación”, afirmó Piñeros.

Este proyecto de ley busca establecer reglas claras para la operación de estas plataformas, promoviendo un modelo de movilidad que beneficie tanto a los conductores como a los usuarios. Sin embargo, también enfrenta la oposición de gremios de taxistas y sectores del transporte tradicional, que consideran que la competencia desleal podría afectar gravemente su sustento.

El debate sobre la legalización del transporte por aplicaciones no es exclusivo de Colombia. En países como México, Argentina y Brasil, la regulación ha sido una respuesta a la creciente demanda de este tipo de servicios, permitiendo su operación dentro de marcos normativos específicos. Sin embargo, en Colombia, la discusión sigue polarizada.

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Mientras algunos argumentan que la regulación permitiría mayor seguridad para conductores y pasajeros, otros advierten que podría generar cargas tributarias y burocráticas que dificultarían la sostenibilidad del modelo de negocio.

El futuro del transporte por aplicaciones en Colombia dependerá en gran medida de la discusión legislativa en curso. Si bien la demanda por estos servicios sigue en aumento, la falta de regulación clara genera incertidumbre para conductores y usuarios.

Por ahora, los conductores de plataformas deben seguir operando bajo el riesgo de sanciones, mientras los usuarios continúan optando por estas opciones ante la falta de alternativas eficientes en el transporte público. Lo cierto es que la decisión que tome el Congreso marcará un antes y un después en la movilidad del país, redefiniendo el papel de la tecnología en el sector del transporte.

Fuente: Concejo de Bogotá