Temas del día Transporte Terrestre

El impuesto al carbono que amenaza al transporte y al bolsillo de los colombianos

impuesto
Crédito Imagen: UnSplash

La propuesta del Gobierno Nacional para aumentar el impuesto al carbono pone en jaque al transporte terrestre de carga y amenaza con elevar la inflación en el país.

El reciente proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional al Congreso ha generado preocupación en el sector del transporte terrestre de carga, uno de los pilares económicos del país. Según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), el incremento en el impuesto al carbono afectará de manera significativa la estructura de costos del sector, impactando también los precios de bienes y servicios que consumen los colombianos.

El punto más crítico de la propuesta es el aumento de 487 pesos al precio del galón de diésel, que se sumará a los incrementos de 400 pesos realizados en septiembre y los programados para diciembre. En total, el galón experimentará un aumento de 1.287 pesos, lo que incrementará el costo logístico nacional, que ya representaba el 17 % de las ventas en 2022.

Un golpe directo al transporte y la inflación

La situación es alarmante si se considera que el 97 % de las mercancías en Colombia se movilizan por carretera. Un aumento en los costos del transporte se traducirá inevitablemente en mayores precios para los productos de la canasta familiar y los servicios de transporte público, generando una presión inflacionaria que afectará a los colombianos más vulnerables.

También le puede interesar: Supertransporte toma cartas en el asunto: más de 1,300 empresas investigadas por incumplir tarifas en el transporte de carga

Adicionalmente, Colfecar advierte que este incremento podría desencadenar protestas por parte de pequeños transportadores, quienes ya enfrentan costos elevados debido a peajes, salarios, problemas de infraestructura vial y bloqueos en las carreteras. El gremio enfatiza que “el sector transporte no aguanta un sobrecosto más”, y los ciudadanos tampoco están en condiciones de asumir nuevos impuestos.

Destinación de los recursos, un tema polémico

Otro punto crítico de la reforma es el cambio en la destinación de los recursos provenientes del impuesto al carbono. Actualmente, el 80 % de estos ingresos se utilizan para financiar iniciativas ambientales, mientras que el resto se destina al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Sin embargo, la nueva propuesta plantea destinar solo el 27 % a proyectos ambientales, el 7 % al PNIS y el 66 % al Presupuesto General de la Nación, sin una destinación clara.

Para Colfecar, este cambio no solo reduce los recursos para mitigar los efectos del cambio climático, sino que también deja de lado la oportunidad de invertir en la modernización del parque automotor de carga, cuya flota tiene un promedio de antigüedad de 22 años. El gremio propone que un porcentaje del recaudo se dirija a este objetivo, beneficiando a pequeños propietarios, quienes no tienen acceso a vehículos más eficientes y sostenibles debido a los altos costos.

La inseguridad jurídica: un obstáculo para la inversión

El gremio también señala que la reforma tributaria es la vigésima primera en los últimos 34 años, lo que ha generado incertidumbre en el sector privado. Según Colfecar, este constante ajuste fiscal ahuyenta la inversión y dificulta la planificación a largo plazo, algo fundamental para garantizar la seguridad jurídica, energética y física del país.

Además, Colfecar insiste en que el Gobierno debe evaluar el desempeño de las entidades gubernamentales antes de tramitar nuevas reformas. La baja ejecución presupuestal, especialmente en proyectos de inversión, retrasa el desarrollo de sectores estratégicos y afecta la eficacia del gasto público, algo crucial en un contexto de desaceleración económica.

El dilema de un sector clave para la economía

La reforma tributaria, aunque busca fortalecer las finanzas públicas, plantea desafíos importantes para el transporte terrestre de carga, un sector esencial para la economía nacional. Si bien el recaudo es necesario, la redistribución de los recursos y el incremento en los costos deben ser cuidadosamente analizados para evitar impactos desproporcionados en el bolsillo de los colombianos y en la estabilidad del sector.

También le puede interesar: ¿Compromisos en jaque? Ministra de Transporte defiende cumplimiento de acuerdos con transportadores en debate en el congreso

Es momento de que el Gobierno Nacional dialogue con los actores involucrados y explore soluciones que no solo garanticen la sostenibilidad fiscal, sino también el desarrollo económico y social del país.

Fuente: ET