Dos subregiones de Antioquia están paralizadas por la declaración de guerra que hizo el Gobierno nacional contra la minería ilegal. La Gobernación denunció públicamente que la movilización está infiltrada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Lo que empezó como una protesta pacífica, este jueves 2 de marzo se desdibujó. Las comunidades del Bajo Cauca y nordeste sacaron las uñas para rechazar los operativos de la Fuerza Pública para erradicar las actividades irregulares de extracción de yacimientos mineros.
Al parecer, algunos ciudadanos optaron por tomar las vías de hecho para llamar la atención de las autoridades nacionales, motivados por las estructuras delincuenciales que operan en el territorio y se sostienen con la minería, principalmente el Clan del Golfo.
Hace 24 horas hay cierres en la troncal que comunica a la ciudad de Medellín con los departamentos del Atlántico. Se cree que los camioneros multiplicarán el costo de las operaciones logísticas y los tiquetes del transporte público empezarán a subir.
Lo delicado de la situación es que hay ataques contra la misión médica. SEMANA conoció que el jueves partió una ambulancia desde Caucasia hacia Montería con un paciente. Al regreso, los especialistas no pudieron retornar al hospital porque está retenida en la calle.
Otro carro salió de este mismo municipio hacia la capital de Córdoba. Cuando pasaba por el sector de Campo Alegre, en los límites entre Antioquia y esa región, fue atacado a piedras y palos. Además, hubo amenazas de alto calibre contra los especialistas.
Por otro lado, los comerciantes recibieron intimidaciones para no abrir las puertas de los establecimientos a modo de respaldo al paro de mineros. Estos mensajes llegaron de los grupos armados organizados. Las miradas dirigen hacia los hombres del Clan del Golfo.
Las afectaciones son parciales. A unos tenderos les dieron un horario específico para atender a las comunidades, mientras que otros están sometidos al tiempo en que dure la manifestación, cuya fecha de finalización está condicionada a una serie de acuerdos.
Ellos quieren que las autoridades frenen los operativos contra la minería ilegal, posibilidad que fue desconocida por el Ministerio de Defensa al darle el visto bueno a los uniformados para que se llevaran por delante la maquinara de alto volumen que hallaran.
Otra de las preocupaciones es que los profesores dejaron de atender a los alumnos de los colegios públicos de ambas subregiones, alegando temores por la alteración del orden público. Esta situación se vive con mayor intensidad en la subregión del Bajo Cauca.
El rechazo ha sido rotundo por parte del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Aunque planteó el diálogo como una posibilidad para tramitar las diferencias, informó que la institucionalidad podría hacer uso de sus facultades para retomar el control de la zona.
“Rechazo total a las actuaciones en contra de nuestra Fuerza Pública, al bloqueo de vías y a las intimidaciones de grupos criminales sobre comunidades del Bajo Cauca y el nordeste en el marco del paro minero. Mañana realizaremos consejos de seguridad”, señaló.
Se cree que los mineros ancestrales e informales estarían siendo instrumentalizados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para hacerle contrapeso al Estado, mientras están sentados con el Gobierno nacional dialogando para transitar a la legalidad.
Ellos estarían detrás de la minería ilegal a gran escala que está atacando el Ejército Nacional, con el respaldo del Ministerio de Defensa. En las últimas horas, se conoció la interceptación de varios establecimientos irregulares que ganaban hasta 7.500 millones.
En esos sitios, con una producción estimada de 1.500 gramos mensuales de oro, equivalentes a 3.600 millones de pesos. Este golpe habría sido uno de los detonantes que enfureció a los brazos armados del Clan del Golfo, según la información de las autoridades.
Fuente: MSN
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