Lista la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte
Para el próximo año se espera que el crecimiento de la economía colombiana se base principalmente en el aporte del sector de la infraestructura del transporte, como lo empezó a hacer en el tercer trimestre del 2016, en el que ya se evidenciaron los resultados de la puesta en marcha del programa de vías de cuarta generación así como de modernización aeroportuaria y de puertos.
De acuerdo con los más recientes datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) del sector, en el tercer trimestre de 2016, la inversión en vías concesionadas (carreteras a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura) aumentó en el 28,9 % en comparación con el mismo periodo del año pasado y en lo que tiene que ver con vías férreas y aeropuertos concesionados, los recursos invertidos aumentaron en el 124,7 %.
Por esto, analistas y dirigentes gremiales de este renglón de la economía tienen claro los retos y avances que se necesitan para impulsar los resultados que se esperan para el 2017.
Una de las peticiones que se hizo en el marco del XIII Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), es la puesta en marcha de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit) y de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (Crit).
“Poner a funcionar la Upit y dotarla de presupuesto de inversión suficiente”, dijo Guillermo Perry, exministro de Estado, en su intervención en el evento gremial más importante del sector, al tiempo que se refirió a la importancia de que funcione la Crit y se atiendan las recomendaciones de la Misión Logística.
En paralelo con el sector energético, la Upit sería como la Upme, pues se encargaría de planear el desarrollo de la infraestructura de manera integral, permanente y coordinada con los agentes del sector para promover la competitividad, la conectividad, la movilidad y el desarrollo. Por su parte, la Crit sería como la Creg, al tener funciones enfocadas a la regulación de los servicios de transporte y de la infraestructura.
Al respecto, Dimitri Zaninovich, viceministro de Infraestructura comentó que en el presupuesto para el 2017 del Ministerio de Transporte se incluyó un rubro de $ 2.500 millones para cada una de estas entidades que inicialmente estaría enfocado a su funcionamiento.
“Inicialmente, el presupuesto asignado está dirigido al funcionamiento (…), pero los planes y estudios que se tengan que realizar se cubrirían con recursos del Ministerio”, explicó Zaninovich.
Perry también hizo énfasis, con base en una encuesta realizada a los afiliados de la CCI, en la posibilidad de adjudicación después de tener resueltos los temas relacionados con las consultas, licencias y permisos, así como tramitar la Ley Estaturia de Consultas, cuyo proyecto está a cargo del Ministerio del Interior.
Sobre el tema, esta entidad el pasado 29 de noviembre anunció el inicio “con las autoridades representativas de los grupos étnicos, el proceso de consulta de este proyecto de Ley que reglamenta el derecho fundamental a la consulta previa”.
De acuerdo con los resultados de la encuesta en mención, el 52 % consideró que no se ha tenido ninguna mejora en lo que tiene que ver con la consulta previa con las comunidades.
Así mismo, los resultados de Perry indicaron que hay una mejora leve en la obtención de las licencias ambientales y traslado de redes de servicio, pero no en lo que tiene que ver con las corporaciones autónomas regionales.
Además de estos retos que tiene el sector de la infraestructura de transporte, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, destacó la importancia de que la ANI debe gestionar el cumplimiento de los contratos de las vías 4G, aeropuertos, puertos y corredores férreos, que tienen una duración de entre 25 y 30 años.
Fuente: Portafolio
Imagen: Archivo Portafolio
