Vía Cesar – Guajira, a iniciar desde ceroMás de 350 kilómetros de vías en los departamentos de Cesar y La Guajira quedaron esta semana en vilo. La empresa Construcciones El Cóndor le reportó a la Superfinanciera que, llegó a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para liquidar el contrato de concesión entre estos dos departamentos, debido a que perdió buena parte del recaudo de peajes, lo que le imposibilitó continuar la construcción y mantenimiento. La cuestión acá es que, como se trata de una asociación público – privada de iniciativa privada (APP-IP), el Estado no aporta dineros, sino que es el concesionario el que ejecuta las obras y los recibe por parte de peajes, razón por la cual esta liquidación se está haciendo de mutuo acuerdo con el Gobierno, y se espera que termine entre noviembre y diciembre de este año. Esto será una realidad, una vez El Cóndor le reverse la vía a la Nación, que deberá ser antes del 30 de septiembre próximo. ¿LA RAZÓN? LOS PEAJES “Detrás de esta liquidación no hay ningún pleito con la ANI, ni ninguna discusión; lo que pasó es que uno de nuestros peajes estaba habilitado, pero quedó detenido por cuenta de un proceso de consultas previas, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, y que las comunidades frenaron”, le aseguró a Portafolio Luz María Correa, presidenta de la compañía. Específicamente, Construcciones El Cóndor le notificó a la Superfinanciera que “la causal por la cual las partes declaran la ocurrencia de la terminación del contrato es la materialización del riesgo de menor recaudo de peaje por la imposibilidad de operar la Estación de Peaje de Río Seco, en los términos establecidos en el citado contrato de concesión”. Por lo anterior, agrega la empresa, es insuficiente la compensación de riesgo, toda vez que la empresa deja de recibir los recursos para la construcción y mantenimiento de dicha vía. El valor total del contrato es de $1,65 billones y esperaba terminarse el 23 de julio del 2019. ? De hecho, Correa aseguró que, en materia contractual, se detallaba que si la concesión se veía obligada a no recaudar alguno de los tres peajes de la carretera por un lapso mayor a 90 días, se consolidaba una de las cláusulas contractuales para la liquidación mutua. “Si bien no tenemos ninguna pelea con el Gobierno Nacional, ni departamental, ni con nadie, sí es desafortunada e inesperada la conclusión de esta concesión; no preveíamos esto y nos parece lamentable. Incluso, aun cuando ya había tenido un primer recorte en el contrato en La Guajira, debido a que allí tampoco se permitió –en su momento– la instalación de uno de estos puestos”, añadió la presidente de Construcciones El Cóndor. Incluso, en el documento firmado por la ANI y el concesionario se detalla que si bien “el recaudo de un solo peaje del proyecto no supera el 30% establecido en la cláusula”, esta situación activaría el riesgo en otros puntos de recaudo, con lo cual “la sumatoria del valor total sí puede alcanzar dicho porcentaje”. Por este motivo, afirman que la entidad y el contratista, “efectivamente se materializó el riesgo de no instalación de las estaciones de Uramita y Cuestecitas”. De igual forma, en la comunicación del concesionario a la Superintendencia (que, por cierto, es el único accionista de esta vía de cuarta generación) se revela que “una vez terminado el contrato, el saldo de obras contratadas y por ejecutar, de Construcciones El Cóndor, se disminuye en $177.344 millones y (…) Del mismo modo se decrecen las obligaciones económicas de aporte para este proyecto en una suma de $109.497, equivalente al saldo pendiente por aportar”. LO QUE SIGUE Estas indicaciones explican lo que será la hoja de ruta del proceso de reversión y liquidación del contrato, que en este momento son analizados por la Agencia de Infraestructura, las gobernaciones de La Guajira y Cesar, y la empresa en mención. Sobre esto, Correa indicó que: “La ANI está evaluando y sigue buscando cuál será la fórmula de liquidación de las inversiones a la fecha en Capex y Opex (es decir, las que fueron hechas por concepto de equipos, instalaciones, y en dinero, respectivamente”, y hay una fórmula muy clara de cómo se remuneran. Estamos en ese proceso de encontrar el desenlace del contrato”. Paralelamente, el Gobierno está evaluando las posibles salidas que tendrá esta concesión, sobre todo porque las dificultades con las comunidades seguirán allí. Por esta razón, tanto la ANI como los mandatarios guajiros ven la posibilidad de que se vuelva a estructurar otra APP, pero que esta vez sería de iniciativa pública. Es decir, habría recursos de este departamento. Fuente: Portafolio Imagen: Archivo Portafolio Ver articulo original]]>
