¿Innovación en movilidad o un conflicto legal que no termina?

Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de controversia. El Código Nacional de Tránsito clasifica esta actividad como una infracción tipo D, lo que conlleva multas de hasta $1,300,000 y la inmovilización del vehículo. Estas sanciones, aunque disuasorias, no han logrado frenar la operación de las aplicaciones ni el interés de los conductores por unirse a ellas.

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En el Congreso de la República se encuentra en trámite un proyecto de ley que busca regularizar estas plataformas. Presentado por un grupo de congresistas de diversos partidos políticos, este proyecto propone actualizar la normatividad para permitir que vehículos particulares puedan ofrecer servicios de transporte a través de aplicaciones digitales. Según la iniciativa, esto se fundamenta en el derecho humano a disfrutar de los avances tecnológicos, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en 2023.

El proyecto no solo busca legalizar las plataformas, sino también establecer estándares de seguridad, calidad y transparencia para las mismas. Además, incluye una Estrategia Nacional de Desregulación para los taxis, con el fin de modernizar este sector y eliminar barreras regulatorias que lo afectan.

Entre los elementos más destacados de la propuesta está la introducción de una perspectiva de género que tiene como objetivo reducir las brechas que perjudican a las mujeres conductoras. También se promueve la desregulación del servicio de taxis para equilibrar la competitividad entre ambos sectores.

Los taxistas, quienes han sido los principales opositores a estas plataformas, consideran que su legalización afectará aún más su ya disminuida participación en el mercado. Alegan una competencia desleal debido a las cargas regulatorias que ellos deben cumplir, a diferencia de los conductores de aplicaciones.

Por otro lado, los usuarios, quienes en su mayoría apoyan la existencia de estas plataformas, valoran la facilidad, el costo y la rapidez que ofrecen, factores que han llevado a muchos a preferirlas sobre el transporte tradicional.

La necesidad de una regulación clara y justa se vuelve cada vez más urgente. Mientras los taxistas exigen igualdad de condiciones y los conductores de aplicaciones enfrentan sanciones, los colombianos siguen utilizando estas alternativas que, aunque ilegales, son una solución real a las limitaciones del transporte público.

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El debate sobre la legalización de las plataformas digitales de transporte es más que una cuestión legal; es un reflejo de los desafíos de modernizar el sistema de movilidad en Colombia. Con el proyecto de ley en marcha, el país podría estar más cerca de encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica, las necesidades de los usuarios y los derechos de todos los actores involucrados. Sin embargo, queda por ver si esta iniciativa logrará superar las tensiones y dar paso a una nueva era en la movilidad colombiana.

Fuente: ET