La designación de María Fernanda Rojas como nueva ministra de Transporte ha causado revuelo en los sectores vinculados al transporte y la infraestructura en Colombia. Con la expedición del decreto 0059, la bogotana se suma al gabinete del presidente Gustavo Petro en medio de un panorama complejo, tras convertirse en la cuarta persona en asumir este cargo en apenas dos años y medio de gobierno. Su experiencia en gestión pública y desarrollo urbano será clave para enfrentar los retos titánicos que la esperan, pero ¿será suficiente para resolver los problemas crónicos del sector?
Rojas deberá gestionar un presupuesto de inversión de $13,5 billones para 2025, una suma que refleja la magnitud de los desafíos en el sector. Entre las tareas inmediatas está la deuda de $1 billón del Instituto Nacional de Vías (Invías) con contratistas, que amenaza con paralizar 57 proyectos viales valorados en $13 billones. Estas deudas no solo afectan a las empresas responsables de las obras, sino también al progreso de proyectos esenciales como el Canal del Dique y Mulaló-Loboguerrero, que enfrentan problemas de licenciamiento ambiental y conflictos con comunidades locales.
Según datos de Fedesarrollo, la inversión en infraestructura en Colombia ha caído un 38 % desde la pandemia, pasando de $100 billones a $62 billones. Cada punto de inversión en obras civiles impulsa la economía en 1,4 % del PIB, lo que subraya la urgencia de revertir esta tendencia.
María Fernanda Rojas, bogotana, abogada y comunicadora, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público. Es especialista en Opinión Pública de la Universidad Javeriana y tiene estudios de maestría en Análisis de Problemas Políticos y Económicos de la Universidad Externado. Durante la alcaldía de Gustavo Petro en 2012, dirigió el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), liderando su reestructuración tras el escándalo del carrusel de la contratación. También fue subdirectora General de Programas y Proyectos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Su capacidad para gestionar crisis será crucial en su nuevo rol, considerando que su predecesora, María Constanza García, enfrentó críticas por la falta de avances en vías terciarias y por el incumplimiento de acuerdos con los gremios transportadores.
Uno de los retos más urgentes será retomar las negociaciones con los transportadores. En septiembre de 2024, el paro del sector se centró en el aumento del diésel, que inicialmente se ajustó en $1.904, pero finalmente se redujo a $800 tras intensas negociaciones. Aunque esta medida ayudó a contener el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que costó $20 billones en 2023 y $10,5 billones en 2024, los gremios insisten en una nueva fórmula para el diésel que evite hacer inviable el transporte de carga.
La ministra también deberá supervisar el cumplimiento de los acuerdos del 6 de septiembre, que incluyen garantías laborales, ajustes en el régimen sancionatorio y soluciones para el transporte especial y colectivo de pasajeros.
El avance en vías terciarias ha sido otro punto crítico. De los 2.157 contratos del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, solo un tercio están terminados y la mitad sin ejecutar. La Contraloría General de la Nación ha señalado al Invías por el lento avance, que promedia apenas un 13 %.
Otro aspecto que Rojas deberá abordar es el ajuste de tarifas de peajes. Se espera un aumento de 1,85 % en abril de 2025 para reducir la brecha de pagos a las concesiones. Las negociaciones con concesionarios de 14 peajes continúan, con propuestas para distribuir los incrementos en cinco años, una medida que podría aliviar la carga inmediata sobre los transportadores.
La rotación constante de ministros en el Gobierno Petro refleja las dificultades inherentes a la cartera de Transporte. Guillermo Reyes, el primer titular, duró ocho meses; William Camargo, un año y tres meses; y María Constanza García, apenas siete meses. Ahora, María Fernanda Rojas se enfrenta a una cartera que no solo exige experiencia técnica, sino también habilidad política para conciliar los intereses del Gobierno, los gremios y las comunidades afectadas por los retrasos en infraestructura.
La nueva ministra llega en un momento crítico para la infraestructura y el transporte en Colombia. Su capacidad para gestionar el presupuesto y resolver los cuellos de botella en los proyectos será clave para garantizar el desarrollo del país y la estabilidad del sector.
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