La incertidumbre sigue rodeando el futuro del peaje de Turbaco. El pasado 21 de febrero, el Ministerio de Transporte expidió una nueva resolución en la que extiende, por decimocuarta vez, la suspensión del cobro para los vehículos de categoría I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses y busetas). La medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2025, pero deja en el aire las soluciones definitivas para la crisis que enfrenta el proyecto vial concesionado a Autopistas del Caribe.
El problema radica en que, aunque la concesión fue adjudicada en 2021 para desarrollar el “Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla”, la continua suspensión del cobro del peaje ha afectado gravemente su cierre financiero. La infraestructura prometida incluye 74 kilómetros de segundas calzadas, 20 kilómetros en variantes y 8 intersecciones, además del mantenimiento de las vías existentes. Sin embargo, el peaje de Turbaco se ha convertido en un obstáculo insalvable para la ejecución del plan.
Un conflicto que se arrastra desde 2021
Desde su adjudicación, el peaje de Turbaco ha sido el epicentro de protestas y rechazo por parte de la comunidad, que considera injusto el cobro. En diciembre de 2021, tras intensas manifestaciones, se logró un acuerdo con el Ministerio de Transporte para suspender la tarifa y establecer mesas de trabajo sobre su futuro. Sin embargo, estos espacios de diálogo no han dado frutos concretos, y la solución se ha reducido a prórrogas sucesivas que postergan la decisión de fondo.
En 2023, el Gobierno intentó reactivar el cobro, pero la respuesta fue inmediata: nuevas protestas que llevaron a la primera resolución formal de suspensión el 13 de abril de ese año. Desde entonces, se han emitido 14 resoluciones aplazando el pago, con prórrogas en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2023, y nuevamente en febrero de 2024 y 2025. Aunque en agosto de 2023 se restableció el cobro para camiones de tres a seis ejes (categorías III, IV y V), los vehículos livianos continúan exentos.
Gremios y transportadores exigen soluciones definitivas
La continua incertidumbre ha generado críticas desde distintos sectores. La concesión Autopistas del Caribe ha advertido que el retraso en el cobro pone en riesgo la ejecución del proyecto, mientras que el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) insiste en la necesidad de resolver la crisis estructural. “Si bien las prórrogas del Ministerio han evitado conflictos sociales a corto plazo, no solucionan el problema de fondo ni garantizan la financiación del proyecto”, declaró Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del CGB.
Por otro lado, el Frente Nacional contra el Abuso de los Peajes sostiene que estas prórrogas solo prolongan la indecisión y que la solución definitiva debe ser el desmonte del peaje, al considerar que genera perjuicios económicos y sociales en la comunidad.
El contrato de concesión del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla tiene un plazo de 35 años, con 1,5 años de preconstrucción, 6,5 de construcción y 27 de operación y mantenimiento. Pero si no se encuentra una solución definitiva sobre el peaje, la viabilidad del proyecto seguirá en vilo.
Por ahora, el Ministerio de Transporte ha optado por la misma estrategia de los últimos años: prolongar la decisión. Pero cada nueva prórroga incrementa la incertidumbre y genera dudas sobre si realmente existe una voluntad política para resolver este conflicto o si, como hasta ahora, seguirá siendo una crisis sin solución a la vista.
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