El paro armado anunciado por el Frente de Guerra Occidental del ELN ha comenzado en el departamento del Chocó, una situación que mantiene en vilo a transportadores y comunidades locales. La medida, que se extenderá del 18 al 21 de febrero, se suma a la ya compleja problemática de seguridad en la región, donde el riesgo por la presencia de minas antipersona también ha ido en aumento.
Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, expuso en entrevista con La W las dificultades que enfrentan los conductores debido a esta crisis de orden público. “Los transportadores de carga están viviendo su propio Catatumbo, la muestra más grande de esto es lo que viene ocurriendo en el Chocó, esta es la región que más fuerte recibe los bloqueos, las amenazas y las extorsiones para los transportadores de carga. El paro armado es una muestra más del abandono estatal en temas de seguridad”, denunció.
Si bien no se ha reportado un represamiento de mercancías, la situación ha generado un desabastecimiento significativo en el departamento, ya que muchos transportadores han optado por evitar la zona ante el riesgo de ataques o extorsión.
“Aquí la crisis es para todas las comunidades que están en ese departamento porque se ven expuestas a un efecto de desabastecimiento sin precedentes”, afirmó Quiceno. “Lo que están haciendo los transportadores es no trabajar para no arriesgar sus vidas o su vehículo, que es el que les da el sustento. Estos bloqueos generan una gran pérdida logística y acaban convirtiendo al país en un entorno anticompetitivo para el transporte de carga”, agregó.
La interrupción del transporte en el Chocó no solo afecta a los transportadores, sino también a los comerciantes y ciudadanos que dependen del suministro de bienes esenciales. La incertidumbre sobre la duración del paro armado y la falta de garantías de seguridad han agravado la crisis.
A pesar de los llamados al Gobierno para una mayor presencia del Estado en la región, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas que brinden tranquilidad a los transportadores y habitantes. La situación en el Chocó es un reflejo de los retos estructurales que enfrenta Colombia en materia de seguridad y movilidad.
Los transportadores de carga exigen respuestas inmediatas por parte del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en las vías del Chocó y evitar que el desabastecimiento se agrave. Sin garantías para operar con seguridad, el sector logístico se encuentra en jaque, lo que podría tener repercusiones aún más graves en la economía regional y nacional.
A medida que avancen los días del paro armado, las comunidades y transportadores permanecen a la espera de soluciones reales que permitan el restablecimiento del transporte en la zona y pongan fin a una problemática que, lejos de ser nueva, sigue sin resolverse de manera efectiva.
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