CCI responde al Gobierno: recursos de vigencias futuras para vías 4G y 5G no pueden redirigirse a otros fines
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) respondió este martes a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien el lunes en la noche dejó abierta la posibilidad de redirigir recursos asignados a concesiones 4G para atender la emergencia por fiebre amarilla. El gremio fue enfático: jurídicamente no es posible destinar esos fondos a otros sectores.
Según la CCI, los recursos provenientes de vigencias futuras que han sido girados a patrimonios autónomos para proyectos de infraestructura ya están presupuestalmente ejecutados, por lo que no pueden ser utilizados para fines diferentes a los previstos inicialmente. Estos dineros están destinados exclusivamente al pago de obras construidas por concesionarios y entregadas a satisfacción del Estado.
“No se pueden redirigir”: la posición jurídica
En un pronunciamiento compuesto por ocho puntos, la CCI no solo explicó las razones legales que impiden redestinar estos fondos, sino que también aclaró qué mecanismos permitirían, bajo ciertas condiciones, liberar parte de esos recursos.
El gremio precisó que únicamente tres proyectos no han podido iniciar o concluir por causas ajenas a los concesionarios, como la falta de licencias ambientales otorgadas oportunamente por el gobierno nacional. Entre estos se encuentran la Perimetral Oriental de Bogotá, Bucaramanga–Pamplona y Mulaló–Loboguerrero.
En estos casos, añadió la CCI, podría darse una liquidación de mutuo acuerdo con los concesionarios, lo que permitiría liberar recursos futuros disponibles después de aplicar las fórmulas contractuales correspondientes.
Mulaló–Loboguerrero: aclaraciones al Gobierno
Uno de los proyectos más polémicos es el corredor Mulaló–Loboguerrero. El presidente Petro mencionó que el concesionario Covimar adeuda al Estado 1,8 billones de pesos, afirmación que fue desmentida por la CCI. El gremio explicó que los recursos girados por la Nación al patrimonio autónomo para ese proyecto ascienden a 1,8 billones, los cuales han generado rendimientos por otros 400 mil millones, sumando un total de 2,2 billones de pesos.
Sin embargo, estos recursos no han sido ejecutados y, por tanto, no constituyen una deuda del concesionario. Además, la decisión sobre su uso recae únicamente en el gobierno nacional, que debe optar por construir la obra a los precios actuales o liquidar el contrato.
También le puede interesar: Semana Santa 2025 registra una de las cifras más bajas de accidentes viales en años
Las vigencias futuras, herramienta clave para la infraestructura
La CCI también aprovechó para defender el modelo de vigencias futuras, destacando que ha sido un pilar del desarrollo de infraestructura a largo plazo en Colombia. De hecho, el mismo Gobierno del presidente Petro las ha utilizado recientemente para financiar el proyecto férreo Dorada–Chiriguaná, y se espera que las emplee nuevamente para la construcción de la vía Pasto–Popayán.
Un análisis del centro de estudios económicos Anif respalda esta visión, señalando que más del 50 % del presupuesto de la ANI y el Invías depende de este mecanismo. No obstante, alertó que su efectividad se ha visto amenazada por decisiones como el congelamiento de peajes y la parálisis en la ejecución presupuestal.
Llamado al Gobierno: evitar afirmaciones erróneas
Finalmente, la CCI hizo un llamado al Gobierno para que en medio de este debate no se recurra a señalamientos infundados que, según el gremio, “afectan la reputación y honra de empresas que han cumplido con el país”.
El gremio reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo en la búsqueda de soluciones que impulsen el desarrollo de infraestructura, pero subrayó que ello debe hacerse con base en la legalidad y la verdad.
Fuente: El Tiempo
