El conflicto por el control del transporte en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se intensificó el 8 de abril tras una jornada de protestas que derivó en bloqueos, alteraciones del servicio y presencia policial, en el marco de la llamada protesta El Dorado protagonizada por conductores de taxis amarillos vinculados a la empresa Taxi Imperial.
La situación generó afectaciones a los usuarios y expuso una disputa creciente por el modelo de operación en la terminal aérea, donde confluyen nuevas disposiciones administrativas, cambios en la gestión del servicio y la expansión de vehículos de transporte especial. Según los manifestantes, el origen del malestar estaría en decisiones internas adoptadas por la nueva administración de la compañía que coordina la operación de taxis en el aeropuerto.
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Uno de los voceros del gremio, Jaime Herrera, confirmó que la suspensión del servicio fue una medida planificada por los conductores en señal de inconformidad. De acuerdo con su versión, las tensiones no están relacionadas con plataformas digitales, como se planteó inicialmente, sino con modificaciones en las condiciones laborales impulsadas por la dirección encabezada por Julio Jiménez.
Herrera explicó que el nuevo esquema operativo implicaría restricciones para los propietarios de vehículos, quienes solo podrían gestionar directamente un taxi, mientras que el resto quedaría bajo administración de la empresa, con liquidaciones diferidas entre 15 y 20 días. Además, señaló que el modelo contempla cobros y sanciones económicas que, a su juicio, afectarían la sostenibilidad del trabajo diario.
El líder gremial afirmó que, bajo las nuevas condiciones, un vehículo que no preste servicio podría generar una penalización cercana a los 150 mil pesos para el propietario, mientras que la compensación diaria proyectada rondaría los 100 mil pesos, sin garantías suficientes frente a eventualidades operativas, daños o riesgos.
Otro punto de fricción señalado por los conductores es la supuesta ventaja operativa de vehículos de servicio especial, como camionetas blancas asociadas a empresas como American Visa Tours, a los que acusan de tener mayor presencia y promoción dentro del aeropuerto. Según Herrera, incluso se estaría desincentivando el uso del taxi tradicional mediante advertencias a los usuarios sobre presuntos riesgos.
El vocero también denunció diferencias significativas en tarifas, indicando que mientras un trayecto en taxi amarillo puede costar entre 55 mil y 65 mil pesos, los servicios especiales alcanzarían valores cercanos a los 160 mil pesos. A esto se suma la queja por la ocupación de zonas de parqueo, que —según los manifestantes— estaría limitando la operación del servicio tradicional e incluso generando comparendos.
En respuesta, el gerente de Taxi Imperial, Julio Jiménez, rechazó las acusaciones y defendió el rediseño del modelo operativo como una estrategia orientada a mejorar la calidad del servicio y recuperar la confianza de los usuarios del aeropuerto. Según explicó, el sistema busca ofrecer alternativas diferenciadas que respondan a las exigencias actuales del mercado.
Jiménez aseguró que el servicio de taxi amarillo ha perdido credibilidad por casos de cobros excesivos y malas prácticas, lo que habría impulsado la implementación de opciones de transporte especial con mayores controles, como monitoreo permanente y sistemas de seguridad en tiempo real. En este esquema, afirmó, el usuario mantiene la libertad de elección entre ambas modalidades.
El directivo también negó la existencia de campañas de desprestigio contra los taxistas y atribuyó la crisis a la resistencia de algunos sectores a adaptarse a los cambios. Asimismo, reconoció que la operación formal en el aeropuerto ha disminuido su participación frente a otras plataformas de transporte, a las que calificó como competencia informal.
En medio de la controversia, Jiménez confirmó la implementación de sistemas de audio y video en los vehículos de servicio especial, aunque aclaró que estos funcionan bajo consentimiento del pasajero y como mecanismo de seguridad.
Finalmente, el directivo evitó dar una respuesta concluyente sobre su presunta relación con la empresa American Visa Tours, limitándose a explicar la existencia de vínculos entre distintas compañías del sector. Sin embargo, sus declaraciones sobre amenazas personales y familiares añadieron un nuevo nivel de tensión al debate sobre la estructura empresarial detrás del modelo de operación en el aeropuerto El Dorado.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
