El sector de la infraestructura de transporte ha dado palos de ciego en su relación con las comunidades. ¿Cómo mejorar ese mal ambiente? Proyectos de infraestructura. Las obras no siempre son amores. Un nuevo peaje, la expropiación de una casa o parte de una parcela, la afectación de un negocio por una variante y hasta el polvo e incomodidades propias de una construcción, se convirtieron en excusas para un campo de batalla entre la comunidad y tropas de ingenieros y obreros. En los últimos años, varios proyectos estratégicos del país se cuentan entre las ‘víctimas’ de esta pelea. Uno de los cambios que está planeando el gobierno nacional para solucionar la retadora relación entre concesionarios y comunidades es establecer un porcentaje fijo de inversión por proyecto. Esta apropiación, que inicialmente podría estar entre 0,5% y 1% del total de lo que se planea invertir, se destinaría a obras y servicios que mejoren la calidad de vida de las familias y personas que se vean afectadas con una obra. Sin embargo, Ernesto Borda, director ejecutivo de Trust, Gestión Estratégica de Riesgos, y experto en este tipo de relacionamientos, no ve con buenos ojos esta iniciativa que apenas está en una fase de estructuración y planeación. “Me parecería una medida equivocada pues eleva el nivel de expectativa de las personas. Un monto fijo por proyecto sería el punto de partida para mayores exigencias. Eso ya se ha visto en otros casos, como en el sector petrolero”, explicó Borda. El experto aseguró que una medida de estas denota una inadecuada comprensión del tema, pues estos asuntos “no se manejan de manera transaccional”. Algunos analistas van mucho más allá de generar empleo local, contratar bienes y servicios locales o construir vías municipales. La clave está en valores como la apropiación y la convicción. Es decir, llevar a cabo acciones que demuestren que el concesionario sí está preocupado por la comunidad. Borda dice que los proyectos de infraestructura deben ser vistos como toda una solución de desarrollo territorial. En eso nos llevan kilómetros otros países en donde vincularon en un solo proyecto tanto la nueva vía, como iniciativas productivas, desarrollos de turismo y otras inversiones en educación y salud. Una visión integral de las obras. Otra medida que analiza el Gobierno es devolverle al Estado la responsabilidad de tramitar las licencias ambientales, predios y consultas, aspectos que en muchos casos son responsabilidad del constructor. El Ejecutivo buscaría con esta iniciativa recuperar el interés en los proyectos en el sector privado luego de la avalancha de controversias y tribunales que se han derivado de las cuatro generaciones de concesiones. Para Borda, los consorcios constructores responsables de la operación durante 20, 30 o 40 años deben hacer parte de esas relaciones. “De lo contrario, es como pasarse la papa caliente de una lado a otro”, dice. Lo claro de todo este tema es que –como dice Santiago Arrieta, consultor y director estratégico de Iddea Comunicaciones–, “aunque los contratos de concesión establecen unos parámetros muy claros sobre los procesos de socialización y comunicación que deben tener los proyectos, estos no están actualizados frente a las nuevas dinámicas de información del siglo XXI”. En resumen, el proceso de aprendizaje de los concesionarios ha sido atropellado y colmado de errores. Por eso Arrieta recuerda que, aun sabiendo que las comunidades son aliadas naturales, usualmente son los últimos actores en ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar, estructurar y ejecutar un proyecto. “Es importante cambiar la manera de trabajar con la comunidad, los proyectos no deben ser una barrera sino un propósito compartido”, dijo.
Víctor Hugo Guzmán y Nesly Velásquez. Concesión APP GICA. La concesión APP GICA ha venido desarrollando mejores vínculos con la comunidad, en diferentes ámbitos: capacitaciones, proyectos productivos y cultura vial.
