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Reactivación del cobro de valorización en Colombia: La controversia de la vía del mar y sus implicaciones para los propietarios

vía del mar
Crédito Imagen: ANI

En 2025, el Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), reactivará el cobro de valorización en todo el territorio nacional, una medida que busca recaudar recursos para financiar nuevas inversiones en infraestructura vial. El primer proyecto en implementar este esquema será la Circunvalar de la Prosperidad, también conocida como la Vía del Mar, una carretera de 152 kilómetros que conecta las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Esta reactivación ha generado controversia, y las implicaciones para los propietarios de predios en la zona de influencia son motivo de debate.

El objetivo del cobro de valorización

El cobro de valorización es una contribución obligatoria que deben realizar los propietarios de los predios que se benefician de la ejecución de una obra pública. Los fondos recaudados son destinados a financiar otros proyectos de infraestructura en la región. En el caso de la Vía del Mar, el área de influencia definida por Invías abarca 96.311 hectáreas que comprenden 10 municipios: dos en Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho en el Atlántico (Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Juan de Acosta, Tubará y Piojó). En total, se identificaron 248.656 predios que estarán sujetos al cobro.

Cartagena y sus predios afectados

En Cartagena, se estableció una zona de influencia que cubre 24.128 hectáreas, incluyendo sectores residenciales y comerciales clave como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. De los 66.303 predios identificados, el 95% son habitacionales, comerciales y agrícolas. Estos propietarios deberán contribuir al pago de la valorización, cuyo valor exacto se determinará una vez finalice el censo predial realizado por Invías.

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Valor y excepciones

El monto de la contribución se calcula con base en el avalúo del predio y su proximidad a la obra. Sin embargo, existen excepciones para los propietarios de predios que se encuentren en situación de pobreza, conforme al Sisbén, o que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, quienes quedarán exentos del cobro.

Controversias y acciones judiciales

La implementación de este cobro ha generado una ola de acciones judiciales. Organizaciones como el Consejo Gremial de Bolívar y el Consejo Integremial del Atlántico han presentado demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, argumentando que el cobro es inequitativo y afecta de manera desproporcionada a algunos propietarios. Estas acciones legales están respaldadas por Juntas de Acción Comunal de varios barrios dentro de la zona de influencia.

Adicionalmente, tanto la Alcaldía de Cartagena como la de Barranquilla han interpuesto demandas, alegando que los estudios técnicos que justifican la valorización presentan irregularidades y que el cobro afectaría negativamente a sus municipios.

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Métodos de pago y descuentos

Los propietarios notificados podrán optar por pagar en dinero o en especie, siempre que el bien ofrecido en pago sea de interés del Gobierno Nacional para la realización de obras. Para quienes opten por el pago en dinero, se podrá realizar en una sola cuota o fraccionar el pago en un plazo de hasta cuatro años. Además, se ofrecerán descuentos del 1% para quienes actualicen los datos de sus predios y del 10% para quienes paguen antes del vencimiento de la primera fecha de cobro.

El desafío del cobro de valorización

Aunque el Ministerio de Transporte busca recaudar alrededor de $2,3 billones con la valorización en la Vía del Mar, este proyecto enfrenta un camino complicado debido a la resistencia de diversos actores. Las tensiones entre las autoridades y los propietarios han generado incertidumbre sobre la viabilidad del cobro y su impacto en la región.

Fuente: EU