Los operadores de los sistemas masivos de transporte, que funcionan en seis ciudades del país, anunciaron que de no recibir ayudas del gobierno tendrían que apagar sus motoresTransmilenio. Transporte de pasajeros. En carta enviada el Ministerio de Transporte solicitan medidas prioritarias, en la emergencia, para evitar la parálisis de los sistemas en el país. Dicen que, en algunas ciudades, no pueden asegurar la prestación del servicio más allá de 10 días. Aprovechan para plantear un pliego de peticiones. En un día normal, Transmilenio moviliza a 2,5 millones de pasajeros, lo que representa ingresos cercanos a los $6.000 millones. Hoy, por cuenta del aislamiento social, este monto no alcanza el 15% y lo que se ha dejado de percibir en el simulacro y la cuarentena estaría rondando los $100.000 millones. Y si bien, las medidas son necesarias para evitar la propagación del COVID-19, el impacto financiero y la incertidumbre sobre cuánto durarán las restricciones llevaron a los operadores de los sistemas BTR del país a enviarle un mensaje al gobierno: ‘O los ayudan o tendrán que dejar de operar”. La advertencia la hicieron a través de una carta dirigida a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y al Centro de Logística y Transporte de la cartera, y firmada por los operadores de Transmilenio (Bogotá), Mio (Cali), Transcaribe (Cartagena), Transmetro (Barranquilla), Metrolínea (Bucaramanga) y Megabús (Pereira). En la misiva, de entrada, los empresarios reconocen los esfuerzos por contrarrestar la pandemia y reiteran su compromiso para prestar el servicio. Sin embargo, dicen que tienen dificultades, por lo que se hacen necesarias acciones para asegurar su supervivencia. Es por esto, que en el oficio plantean medidas como liberar los fondos creados como parte de los contratos de concesión, para que se puedan usar para solventar la crisis; la extensión automática de los contratos; créditos especiales; ayuda para los que están al borde de la quiebra y se encuentra en reorganización; exenciones tributarias, especialmente para los que les proveen repuestos, y hasta exonerarlos de pagar seguridad social. Su situación, dicen, obedece al artículo 5 de decreto 482 del 26 de marzo que, si bien permite la operación, limitó la oferta a menos de 50% de la capacidad. Sin embargo, la norma no integró soluciones frente a los costos fijos de las empresas de transporte. Y para completar, pese a que los concesionarios ponen a disposición el 50% de su flota, los entes gestores están programando apenas el 30%, y el flujo de pasajeros no llega ni al 15%. “En esa medida, no es proporcional la flota con la demandada, lo que causa sobrecostos, anotando que los costos fijos (operando o no) siguen ejerciendo presión en un flujo de caja casi inexistente”. Agregan que esta crítica situación se ve reflejada en la diferencia entre lo que cuesta mover un pasajero (tarifa técnica) y lo que paga el usuario (tarifa al usuario), la cual están cubriendo de su bolsillo. Y a pesar de que se podría hacer con los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), las alcaldías no están haciendo las apropiaciones. “Los déficits son imposibles de asumir. Hemos manifestado nuestra angustia a los entes gestores y a los alcaldes sin encontrar, en términos generales, respuesta. De hecho, no han tomado medidas para mitigar las afectaciones”. Y señalan: “Si la restricción sigue en la forma actual, los operadores, contra nuestra voluntad, tendríamos que interrumpir la operación. En algunas ciudades la situación es tan grave, que no podríamos asegurar la prestación del servicio más allá de 10 días. No tenemos los recursos para solventar los costos fijos como operación de flota en uso ni como retener al personal para seguir prestando el servicio. Si bien los sistemas deben ajustarse a la coyuntura, acudimos al Ministerio para que adopten medidas urgentes para garantizar el servicio público de transporte”. Si bien, es claro el panorama de las empresas de transporte lleva a que parezca justa la petición, según expertos, algunas de las solicitudes se deben analizar con mayor cuidado, pues parece que se estuvieran aprovechando de la coyuntura para pedir mucho más de lo que necesitarían para operar. Lo cierto es que las peticiones quedaron en manos del Ministerio de Transporte y de las alcaldías, de quien esperan un pronunciamiento oficial para saber si el transporte público en las ciudades seguirá en marcha o apagarán motores. Las peticiones Ante la situación actual por la emergencia, que se mezcla con los problemas financieros que ya traían algunos de los operadores en el país, en la carta los empresarios del transporte hacen una serie de peticiones para tratar de solventar la situación y, de esta manera, evitar que se apaguen los motores en medio de la pandemia. Estas son algunas de ellas: Fondos – Que la Nación o las alcaldías creen fondos para cubrir los déficits de operación y aliviar los costos fijos de la operación, ya que el transporte es un de servicio público esencial. Además, que se liberen los fondos creados en los contratos de concesión (SITM y SITP), tales como los de mantenimiento y expansión del sistema, de sostenibilidad y de Estabilización Tarifaria, etc., para solventar la crisis. Obligaciones y subsidios Piden que se elimine transitoriamente el pago a los entes gestores, para distribuir eso fondos entre los operadores de transporte y de recaudo; que se dé la extensión automática de los contratos, tal como se hizo con los contratos de concesión de APP; suspender algunas obligaciones contractuales, en el marco de la contingencia; implementar un subsidio a los combustibles, algo viable y controlable por la vía del SICOM, y subsidios a la nómina de las empresas o herramientas que permitan flexibilidad laboral, a efectos de garantizar el sostenimiento del personal en esta coyuntura. Créditos Piden establecer líneas de crédito especiales y exclusivas con tasas compensadas, periodos de gracia, sin intermediación bancaria y con garantías del gobierno, desembolsados de manera directa por entidades del estado tales como Bancoldex, Findeter, Banco Agrario, etc. Agregan que estas deben tener en cuenta que la mayor parte de operadores del país ya están en crisis, que la calificación crediticia del sector no nos permite acceder a créditos en la banca comercial e incluso, que varios operadores se encuentran en procesos de reorganización empresarial. Protección a los que están en reorganización En la lista solicitan que se creen las condiciones para que el Fondo de Atención de Emergencias financie o invierta en los concesionarios de operación de transporte del país. Además, que se cree un marco jurídico para que las empresas en régimen de insolvencia puedan reformar las negociaciones existentes o en curso, evitando cualquier riesgo de liquidación. “Que se establezcan medidas tributarias o parafiscales, a efectos de alivianar la carga impositiva de los Operadores de Transporte y Recaudo”. Repuestos Solicitan exención de impuestos o aranceles para los proveedores que hagan parte de la cadena de suministro de repuestos y equipos y del medio de pago; flexibilización y simplificación de trámites a la importación de los repuestos necesarios, para garantizar el mantenimiento y operación de la flota y de recaudo, e implementar un mecanismo de protección al alto incremento de costos de repuestos, por efecto del desbordamiento de la TRM. Impuestos Piden exención de pago de tasa de contribución especial para la vigilancia, que se debe realizar a la Superintendencia de Puertos y Transporte; suspender de manera temporal el cobro de primas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, de la flota inoperante durante el tiempo de parálisis, y excluir del pago de seguridad social y parafiscales a las empresas operadoras de transporte y recaudo de los SITM y los SITP. Fuente: El Espectador Imagen: Archivo El Espectador Ver artículo original Volver a página de inicio ]]>
