En medio del paro camionero que ha paralizado varios sectores del país en protesta por el aumento del precio del ACPM, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una indagación por 36 bloqueos totales de vías públicas en Bogotá, Magdalena Medio, Norte de Santander, Nariño y Meta. Según el ente acusador, estos bloqueos representan un grave riesgo para la salud pública y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas.
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La Fiscalía ha destacado la importancia del derecho a la protesta pacífica, pero ha subrayado que este derecho no puede justificar la obstrucción de vías que ponga en peligro a la población. En un comunicado, la entidad recordó a los organizadores y participantes en estas manifestaciones que deben respetar los derechos fundamentales de las personas ajenas a las protestas, incluyendo la integridad física, la salud y la libre circulación.
En caso de que las protestas dejen de ser pacíficas y se conviertan en actos delictivos, la Fiscalía actuará dentro de sus competencias para garantizar la seguridad y el orden. Este llamado a la legalidad resalta la tensión que existe entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público, especialmente cuando el impacto de las manifestaciones afecta a toda la comunidad.
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La situación se agrava en un contexto en el que la movilidad y el acceso a productos básicos se ven comprometidos, lo que podría generar un aumento en la tensión social y económica en las regiones afectadas. Con la investigación en marcha, la Fiscalía busca encontrar un equilibrio entre el respeto por las manifestaciones y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Fuente: ET
