Un nuevo choque entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá se produjo tras el anuncio del incremento en la tarifa del transporte público en la capital, decisión que reactivó el debate sobre los factores que inciden en los costos del sistema y la responsabilidad política frente a una medida que impacta a millones de usuarios.
La controversia gira en torno al peso real del aumento del salario mínimo en la estructura de costos del sistema, particularmente en TransMilenio. Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán atribuyó el ajuste tarifario al incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, desde el Ejecutivo cuestionaron la solidez de esos argumentos.
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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó como “falaces” las justificaciones presentadas por la administración distrital y por TransMilenio. A través de su cuenta en la red social X, anunció que dichas afirmaciones serán sometidas a un análisis técnico detallado para esclarecer lo que describió como un aumento “abusivo” en el precio del pasaje en Bogotá.
Sanguino reaccionó a declaraciones previas de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien puso en duda una de las cifras centrales expuestas por el Alcalde. Según la funcionaria, de los cerca de 35.000 trabajadores vinculados al sistema de transporte público de la ciudad, únicamente 12.000 reciben el salario mínimo, lo que representa el 34,5 %, y no el 87 % señalado por Galán.
Para Rojas, esta diferencia resulta determinante y obliga a revisar de manera más rigurosa la composición real de los costos operativos del sistema. En ese sentido, indicó que no es suficiente centrar el debate en el incremento salarial, sino que se deben analizar de forma desagregada todos los componentes que influyen en la tarifa.
La ministra confirmó, además, que equipos técnicos del Ministerio de Transporte ya adelantaron reuniones y solicitaron información detallada a las autoridades distritales para evaluar el impacto real de cada variable en el costo del servicio.
El cruce de declaraciones se originó tras un pronunciamiento del alcalde Galán, quien sostuvo que gobernar implica asumir las consecuencias de las decisiones y que el aumento del salario mínimo en un 23 % genera efectos inevitables en sectores intensivos en mano de obra, como el transporte público. De acuerdo con el mandatario, la mayoría de los salarios del sistema estarían directa o indirectamente ligados al salario mínimo, lo que haría necesario el ajuste tarifario.
Galán añadió que, además del componente salarial, los estudios técnicos previos ya contemplaban incrementos asociados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), al costo del gas y al precio del diésel, factores que en conjunto proyectaban un alza cercana al 7,8 % en la tarifa.
Fuente: El País
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
