El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca endurecer el régimen sancionatorio y reforzar el control sobre el transporte informal e ilegal en Colombia, una iniciativa que tendría impacto directo en servicios prestados a través de plataformas digitales como Uber, DiDi, Yango e InDriver.
La propuesta, liderada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, introduce nuevas definiciones legales, sanciones más severas y amplía la responsabilidad a actores que hasta ahora no estaban directamente contemplados, como propietarios de inmuebles, conjuntos residenciales y centros comerciales.
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Nuevas definiciones de transporte informal e ilegal
Según el articulado, el transporte informal se configura cuando un servicio autorizado opera por fuera de los términos establecidos por la autoridad competente, como hacerlo en rutas no asignadas o fuera de su radio de acción.
En cuanto al transporte ilegal, el proyecto lo define como aquel que se presta en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización oficial, una descripción bajo la cual quedarían los servicios ofrecidos mediante aplicaciones digitales de movilidad.
Inmovilización de vehículos hasta por 120 días
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el aumento en los tiempos de inmovilización para los vehículos sorprendidos prestando estos servicios.
De acuerdo con el texto presentado, la primera infracción conllevaría una inmovilización de 60 días, la segunda de 90 días, y en las reincidencias posteriores el vehículo podría ser inmovilizado hasta por 120 días.
Multas para propietarios y administradores de inmuebles
La iniciativa también amplía el alcance de las sanciones a propietarios de inmuebles y administradores de propiedad horizontal que permitan o faciliten estas actividades.
El artículo 88 establece que serán sancionadas las personas que, de manera directa o indirecta, promuevan, permitan o consientan la prestación, oferta o estacionamiento de servicios de transporte informal o ilegal en los bienes que administran o poseen.
Las multas previstas oscilan entre 1.000 y 60.000 UVB.
Mayor control y uso de tecnología
El proyecto refuerza las funciones de la Superintendencia de Transporte, priorizando la protección de los usuarios y de las empresas legalmente constituidas, así como el uso de herramientas tecnológicas para contrarrestar el transporte informal e ilegal.
Vigilancia especial en zonas estratégicas
Finalmente, la iniciativa ordena a las autoridades locales intensificar los controles en puntos considerados estratégicos, como aeropuertos, hoteles, centros comerciales, terminales de transporte y edificios administrativos, donde se exigiría una supervisión estricta sobre la prestación de servicios de transporte no autorizados.
