La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) encendió las alarmas frente a una serie de robos y atentados que han afectado de manera reiterada distintos corredores viales concesionados en Colombia. Según la entidad, los hechos comprometen la operación de los proyectos y generan impactos directos en la seguridad y continuidad de las obras.
Entre los casos más recientes se encuentra un hurto ocurrido en la concesión Popayán–Santander de Quilichao. En la madrugada del 11 de febrero de 2026, personal técnico fue víctima del robo de un vehículo asignado al proyecto, junto con equipos especializados utilizados para la medición de la Rugosidad IRI, un indicador clave para evaluar el estado de las carreteras y su incidencia en la seguridad vial.
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No es el primer incidente en ese corredor. El pasado 30 de enero también fue hurtada una camioneta vinculada a la misma concesión, lo que evidencia la recurrencia de estos hechos en la zona.
Ataques a peajes y frentes de obra
La problemática no se limita al suroccidente del país. La ANI reportó que el 15 de diciembre de 2025 se registró un atentado contra la estación del peaje La Lizama, ubicada en Barrancabermeja, Santander.
Asimismo, en octubre de 2025, el Proyecto Ruta del Sol Sector 3 fue escenario de un ataque armado en uno de sus frentes de obra. De acuerdo con el informe, hombres armados ingresaron al lugar, intimidaron al personal y posteriormente incendiaron maquinaria y equipos.
Otros proyectos también han resultado impactados, entre ellos la Troncal del Magdalena S2 —que conecta Santa Marta, Riohacha y Paraguachón—, corredores en Antioquia y Bolívar, así como el peaje de Villa Rica en la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca.
Clima adverso agrava la situación
A los hechos de orden público se suman afectaciones derivadas de las condiciones climáticas. La ANI indicó que las lluvias recientes han provocado emergencias en distintos corredores estratégicos.
Entre los eventos reportados se encuentran desbordamientos de ríos, pérdida de banca, colapso de puentes e inundaciones en zonas de Nariño, el Urabá antioqueño, Córdoba y Magdalena. Estas situaciones, advirtió la entidad, incrementan los riesgos para la movilidad y afectan la conectividad regional.
Llamado de la entidad
En su pronunciamiento, la Agencia reiteró su rechazo frente a los actos violentos y aseguró que continúa realizando seguimiento permanente a las situaciones reportadas en las concesiones del país.
La entidad subrayó que la infraestructura concesionada cumple un papel estratégico en la conexión regional y en el transporte de bienes y pasajeros, por lo que estos hechos representan un desafío adicional para la estabilidad y desarrollo de los proyectos viales en Colombia.
