El cierre simultáneo de cuatro corredores viales estratégicos en Colombia está generando una grave afectación al transporte de carga y poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales en varias regiones del país. Así lo advirtió la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), que alertó sobre pérdidas económicas millonarias y mayores costos logísticos para las empresas del sector.
De acuerdo con Nidia Hernández, presidenta del gremio, las restricciones en rutas clave están dificultando la distribución de mercancías y aumentando la incertidumbre sobre la llegada oportuna de productos básicos a los hogares colombianos. La dirigente gremial señaló que esta situación compromete la estabilidad de la cadena logística y afecta tanto al sector transportador como a la economía nacional.
Lea también: Latam Mobility Colombia 2026 posiciona a Medellín como epicentro de la movilidad sostenible en América Latina
Según Colfecar, la actual coyuntura se ha convertido en una de las más críticas para el transporte de carga en los últimos años, debido a la coincidencia de bloqueos, atentados y protestas en distintos corredores estratégicos del país. Esta situación, advirtió el gremio, afecta el comercio interno y exterior, la seguridad logística y el flujo regular de mercancías esenciales.
Además del impacto económico, las empresas afiliadas enfrentan sobrecostos operativos y mayores riesgos para los conductores, quienes deben atravesar zonas con conflictos sociales o problemas de orden público que dificultan la continuidad de las operaciones.
Corredores estratégicos con restricciones
Entre las vías que presentan mayores afectaciones se encuentra la Vía Panamericana, donde un atentado con explosivos en el municipio de Timbío, Cauca, provocó daños en la infraestructura. Actualmente, el tránsito está limitado únicamente a vehículos particulares y motocicletas, lo que restringe el transporte de carga hacia los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.
Otro punto crítico es la Troncal de Occidente, que conecta Medellín con la Costa Caribe. Este corredor completa nueve días cerrado debido a un paro minero. Hernández señaló que este tipo de bloqueos se repiten desde 2022 y han afectado de forma reiterada al sector transportador.
La líder gremial denunció que durante estas protestas se han registrado hechos violentos, entre ellos la incineración de dos vehículos de carga, actos de vandalismo contra varias tractomulas estacionadas en un parqueadero y el hostigamiento a una ambulancia.
“Este es un problema que se repite año tras año. Consideramos que la situación ya está plenamente diagnosticada y no se entiende por qué aún no se implementan medidas estructurales que permitan solucionarlo de manera definitiva”, afirmó Hernández.
A estas dificultades se suman los problemas en las rutas alternas. La vía hacia Urabá presenta tres puentes colapsados —dos bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías) y uno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en Córdoba—, lo que limita la movilidad hacia una región clave para la logística nacional.
Asimismo, el corredor del Magdalena Medio hacia la Ruta del Sol, considerado una de las pocas alternativas disponibles, ha registrado bloqueos entre los municipios de El Plato y El Difícil. En paralelo, el acceso al puerto de Aguadulce en Buenaventura permanece cerrado por protestas comunitarias, afectando la operación del comercio exterior.
Impacto económico y riesgos para el abastecimiento
El impacto económico de estas interrupciones ya es significativo. Según estimaciones de Colfecar, las pérdidas superan los $62.000 millones, cifra que incluye sobrecostos logísticos, daños materiales y afectaciones derivadas de actos violentos contra vehículos de carga.
El gremio advirtió que las consecuencias no se limitan al sector transportador, ya que la situación también amenaza el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos, además de afectar el comercio nacional e internacional.
“Reconocemos el derecho legítimo a la protesta, pero este no puede ejercerse vulnerando los derechos fundamentales de millones de colombianos, como el acceso a bienes esenciales, la movilidad y el trabajo. Mucho menos mediante actos violentos que históricamente afectan a los vehículos de carga”, manifestó la presidenta de Colfecar.
Llamado urgente al Gobierno nacional
Frente a este panorama, el gremio transportador hizo un llamado al Gobierno nacional para adoptar medidas inmediatas que permitan restablecer el orden público y garantizar la movilidad en las principales carreteras del país.
Hernández solicitó que el Programa de Seguridad de Carreteras Nacionales destine la totalidad de sus recursos a reforzar la seguridad en los corredores más afectados y a proteger la operación del transporte de carga.
“Este no es solo un problema del sector transporte. Lo que está en juego es el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad para millones de colombianos”, concluyó la dirigente.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
