Según la funcionaria, la congelación de tarifas en 2023, implementada como una medida de alivio temporal frente a la crisis inflacionaria, dejó un vacío fiscal que ahora es necesario corregir. “La intención del ajuste es mitigar los efectos de la inflación en las finanzas públicas y asegurar la sostenibilidad del sistema vial del país”, puntualizó García.
Aunque el gobierno de Gustavo Petro justifica el aumento como una medida inevitable y planificada para evitar un colapso en la infraestructura vial, el anuncio ha despertado preocupación y críticas de gremios y transportadores, que prevén consecuencias negativas directas sobre la economía.
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Los transportadores de carga, uno de los sectores más afectados por el ajuste, han sido enfáticos en sus críticas. El aumento de los peajes no llega solo, argumentan, ya que se suma a otros factores como los incrementos constantes en los combustibles y la operación logística en general. Esto, advierten, podría desencadenar un efecto en cadena sobre el costo del transporte de mercancías y, finalmente, en los precios al consumidor final.
Desde Colfecar y otros gremios del sector, las voces de alerta no se han hecho esperar. Representantes del transporte de carga han señalado que este ajuste podría elevar significativamente los costos operativos para los camioneros, quienes ya enfrentan dificultades económicas debido a los combustibles, el mantenimiento de sus vehículos y las ineficiencias en algunas vías nacionales.
“Cada vez que suben los peajes o el combustible, los costos de operación se disparan, y el impacto termina trasladándose al bolsillo de los consumidores”, indicó un portavoz de la Asociación Nacional de Transportadores.
Expertos económicos han advertido que el aumento del 10% en los peajes, sumado a las alzas en los combustibles, podría generar una presión inflacionaria adicional en un contexto donde el país todavía lucha por consolidar su recuperación económica. Para los analistas, el ajuste no solo afectará a los transportadores, sino también a las cadenas de suministro y, eventualmente, a sectores como el comercio y la producción.
Por ejemplo, el transporte de alimentos y productos básicos podría encarecerse, afectando el precio final en los supermercados y tiendas de barrio. Lo anterior, en un escenario donde la inflación ha golpeado fuertemente a las familias colombianas en los últimos años, podría generar mayor inconformidad social y tensiones económicas.
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“El gobierno enfrenta un reto: balancear el mantenimiento de las vías y la necesidad de recursos, sin descuidar el impacto en la cadena de costos. Si no hay control, el resultado será un aumento generalizado de precios”, opinó el economista Miguel Pardo.
El gobierno ha reconocido que el ajuste en los peajes es una medida impopular, pero necesaria para corregir los desbalances generados durante los últimos dos años. El congelamiento de tarifas en 2023, aunque bien recibido por la ciudadanía, fue, en palabras de la ministra García, un recurso temporal que no podía mantenerse sin afectar las finanzas públicas.
El reto, ahora, es encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema vial y el impacto que estas decisiones generan sobre la economía real. Las críticas no se han hecho esperar, y todo indica que en las próximas semanas el debate entre autoridades, gremios y ciudadanos será intenso.
Por su parte, el gobierno ha prometido que los recursos recaudados a través del aumento de peajes serán invertidos de manera eficiente en el mantenimiento y mejora de las carreteras, garantizando una infraestructura moderna y segura para el país.
Fuente: CanalTro
