La economía está siendo asfixiada por los bloqueos que completan cuatro días en la vía Cúcuta–Pamplona–Bucaramanga, una situación que ya genera desabastecimiento de alimentos, incrementos en los precios y graves afectaciones al aparato productivo en Santander y Norte de Santander.
Las restricciones a la movilidad han interrumpido el flujo normal de mercancías, afectando tanto la operación empresarial como el suministro a los hogares. La dificultad para transportar productos ha provocado un encarecimiento sostenido de bienes esenciales y una creciente preocupación entre ciudadanos y sectores productivos.
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De acuerdo con estimaciones de gremios, las pérdidas económicas superan los 600.000 millones de pesos. La Alianza por Santander, que agrupa a los principales actores económicos de la región, advirtió que la situación está llevando al límite la actividad productiva y solicitó el levantamiento inmediato de los bloqueos.
El sector empresarial insiste en que la continuidad de las protestas agrava el impacto sobre el comercio, la industria y el empleo. En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que mantener las vías cerradas afecta la movilidad, el abastecimiento y la estabilidad económica regional.
El llamado también se extiende a aprovechar los espacios institucionales, como la Mesa Nacional de Negociación y Concertación prevista para el 13 de abril, considerada por los gremios como una oportunidad para abordar las inconformidades de manera técnica.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de entidades como la Andi, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco, Camacol, Fenavi y Cotelco, entre otras, que coinciden en la gravedad de la coyuntura.
Desde Fenalco Santander se alertó sobre el impacto directo en múltiples sectores. Según su director ejecutivo, Alejandro Almeyda, las pérdidas diarias rondan los 120.000 millones de pesos, con efectos visibles en el comercio, el turismo, la construcción y la salud. Además, se reportan cerca de 60 vuelos cancelados y más de 7.500 pasajeros afectados.
Los gremios reiteraron la necesidad de habilitar corredores viales y garantizar el paso humanitario, al tiempo que solicitaron al Gobierno Nacional avanzar en soluciones que permitan superar la crisis.
Por su parte, voceros de la protesta defienden las movilizaciones. El sacerdote Jorge Rojas Pacheco explicó que las manifestaciones responden al rechazo por el incremento del impuesto predial, derivado de la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
Según indicó, los avalúos catastrales han registrado aumentos de hasta 5.000%, lo que se traduce en incrementos del impuesto predial que, en algunos casos, alcanzan el 300%. En municipios como Pamplona, el alza supera el 200%, lo que, según los manifestantes, desborda la capacidad de pago de las comunidades campesinas.
Los líderes de la protesta solicitan la revisión o derogatoria de la medida y piden a las autoridades locales evaluar los impactos sobre el sector rural, mientras la región continúa enfrentando una creciente tensión económica y social.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
