El Ministerio de Transporte ha reafirmado su postura a favor del cobro de valorización a predios ubicados en la zona de injerencia de proyectos viales, como la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, que conectan Barranquilla con Cartagena y otras áreas de gran movilidad en la región Caribe. A través de un comunicado emitido este 4 de noviembre, el Gobierno argumentó que la Contribución Nacional de Valorización (CNV) no solo es una herramienta legal, sino que es técnica y equitativa, buscando aliviar el costo de las obras de infraestructura vial en las que ya se han invertido millonarios recursos.
¿Es legal y equitativo el cobro de la valorización?
En su declaración, el Ministerio aseguró que el cobro se ajusta a la Ley 1819 de 2016, la cual regula el impuesto de valorización para obras públicas. Según el comunicado, este cobro sigue un método de distribución estipulado por la ley, considerando factores como la capacidad de pago de los propietarios de los predios y el beneficio directo que recibirán los inmuebles por la infraestructura cercana. Además, las exenciones se aplicarán a quienes pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, así como a aquellos inscritos en el SISBÉN A y B, con Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
El Gobierno ha destacado que se ha reducido el monto proyectado de recaudo de 2,4 billones de pesos a 1,3 billones, precisamente por la inclusión de estas exenciones, que buscan proteger a las familias de ingresos bajos y medios. El Ministerio de Transporte subrayó que se trata de un esfuerzo de redistribución económica para mejorar la conectividad regional sin afectar la economía de los más vulnerables.
La resistencia de la comunidad y la batalla judicial
A pesar de las aclaraciones del Gobierno, la resistencia en los territorios afectados es palpable. Los propietarios de predios en la zona costera del Atlántico han expresado su inconformidad con la medida y aseguran que continuarán buscando caminos legales para detener el cobro de valorización. Hasta la fecha, se han presentado ocho acciones judiciales en diferentes tribunales con la finalidad de frenar la implementación de la CNV en la región.
Carlos Paternostro, abogado y líder comunitario de Tubará, declaró que mantendrán su lucha contra la valorización a través de una acción popular. Paternostro argumenta que la contribución sería de hasta un 3% del avalúo comercial del predio, cifra que considera excesiva y desproporcionada. “Es una locura lo que se espera que paguen los propietarios”, dijo Paternostro, enfatizando el impacto económico que este cobro tendría en la comunidad.
El destino de los fondos recaudados
En un intento por brindar mayor transparencia, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Carlos Montenegro, aseguró que el 100% de los recursos recaudados a través de la CNV serán destinados a proyectos de infraestructura en la región Caribe. Entre las obras proyectadas están la ampliación y mejora de vías estratégicas, cuya ejecución, según el Gobierno, busca mejorar la conectividad y atraer nuevas inversiones a la región.
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