El Gobierno anunció que retirará del Congreso el proyecto de ley 347 de 2026, una iniciativa que buscaba fortalecer el régimen sancionatorio del sector transporte y que generó amplia polémica por las multas y medidas previstas contra los servicios prestados a través de aplicaciones digitales con vehículos particulares.
La decisión fue confirmada por la Superintendencia de Transporte en la tarde de este lunes 2 de febrero, luego de reconocer que varios apartes del articulado dieron lugar a interpretaciones “erradas” tras su radicación en el Legislativo.
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Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la entidad, explicó que el proyecto fue concebido como un marco sancionatorio general para el sector, pero que la lectura que se hizo de algunos de sus artículos derivó en confusión y preocupación entre los distintos actores del transporte. “Se presentaron múltiples interpretaciones equivocadas de manera simultánea, lo que hizo necesario retirar el proyecto para revisarlo y ajustarlo”, señaló.
Según la Superintendencia, el retiro permitirá hacer precisiones al texto y recoger los aportes discutidos en mesas de trabajo adelantadas con los gremios del transporte, con el fin de otorgar mayor claridad jurídica antes de volver a presentar la iniciativa ante el Congreso.
La propuesta había desatado fuertes críticas debido a las sanciones que contemplaba para los servicios prestados mediante plataformas digitales. Entre las medidas previstas se incluían multas de hasta 4,7 millones de pesos por viaje, inmovilizaciones de vehículos por periodos de hasta 120 días y la posibilidad de suspensiones administrativas de plataformas, sin requerir una orden judicial previa.
Además, el articulado ampliaba el alcance de las sanciones a conductores, plataformas, usuarios e incluso a conjuntos residenciales y administradores de propiedad horizontal, lo que generó preocupación por su impacto en situaciones cotidianas como el ingreso y salida de pasajeros en edificios y conjuntos cerrados.
Gremios del sector digital y de transporte advirtieron que el proyecto, lejos de regular la operación de las aplicaciones, podría excluirlas del marco legal al exigir requisitos que solo cumplen vehículos adscritos a modalidades de transporte formalmente habilitadas, como taxis o servicios especiales.
Tras el anuncio del retiro, la Superintendencia de Transporte indicó que el proyecto será revisado integralmente y ajustado antes de ser nuevamente presentado, en un intento por reducir la controversia y construir un marco normativo más claro frente a la prestación de servicios de transporte a través de plataformas digitales.
