Las empresas del sector transporte en Colombia deberán fortalecer sus sistemas de control tras la actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) emitida por la Superintendencia de Transporte, una medida que endurece las obligaciones de cumplimiento para distintos actores de la industria.
La normativa impacta directamente a compañías de transporte de carga, pasajeros y servicio especial, así como a concesionarios y empresas vinculadas a proyectos de infraestructura. El objetivo es robustecer los mecanismos de prevención frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo dentro de las operaciones del sector.
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El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas significativas. Según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, las multas pueden alcanzar hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), lo que equivale a más de $2.600 millones. La Superintendencia de Transporte evaluará variables como la reincidencia, el impacto de la infracción y la capacidad económica de la empresa para determinar el monto final de la sanción.
Con esta actualización, el Sarlaft deja de ser un requisito formal y pasa a convertirse en un sistema que exige una gestión efectiva y verificable del riesgo. Entre los cambios más relevantes está la implementación de un enfoque basado en riesgos reales y medibles, lo que obliga a las empresas a sustentar sus matrices con información verificable y a actualizarlas de manera periódica.
Además, se refuerzan los procesos de debida diligencia para el conocimiento de clientes, proveedores y aliados estratégicos, ampliando el alcance de los controles dentro de la cadena de valor del transporte.
La regulación también establece la necesidad de implementar monitoreo permanente y garantizar la trazabilidad de los controles, de forma que las organizaciones puedan demostrar evidencia concreta del funcionamiento del sistema. Asimismo, se promueve la integración del Sarlaft con los programas de transparencia y ética empresarial, incorporando la evaluación de riesgos asociados con corrupción y soborno, y asignando una mayor responsabilidad a la alta dirección en la supervisión del sistema.
Más allá de las sanciones económicas, el incumplimiento puede generar impactos operativos y reputacionales relevantes para las compañías. Entre las posibles consecuencias se encuentran la suspensión de actividades, la cancelación de habilitaciones, restricciones para contratar con el Estado y dificultades para acceder a financiamiento. En este contexto, la actualización del Sarlaft obliga a las empresas del sector transporte a fortalecer sus esquemas de cumplimiento para garantizar su continuidad y sostenibilidad.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
