El reciente paro de transportadores dejó secuelas en Colombia, y aunque el gobierno alcanzó un acuerdo con los transportistas, la propuesta de reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda amenaza con reavivar la crisis. Uno de los puntos más polémicos es el incremento en el impuesto al carbono, que afectaría a la gasolina, el ACPM y el gas natural, generando una subida significativa en los costos operativos para sectores clave como el transporte terrestre, aéreo y el turismo.
Aumento del impuesto al carbono
Uno de los pilares de la reforma radica en el artículo 21, que modificaría el impuesto nacional al carbono establecido en la Ley 1819 de 2006. Este incremento provocaría que el impuesto para la gasolina suba de $186.37 a $658.9 por galón, lo que situaría el precio del combustible por encima de los 16,000 pesos por galón. Esto impactaría no solo a los transportadores, sino también a millones de colombianos que dependen de la gasolina para sus actividades diarias.
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Además, el ACPM, combustible utilizado por la mayoría de los vehículos de carga pesada, tendría una tarifa de 210.63 pesos por galón. El gas natural, por su parte, alcanzaría los 39.70 pesos por metro cúbico, afectando tanto a hogares como a sectores comerciales que dependen de este recurso.
Este panorama inquieta a la industria del transporte, que ya enfrenta retos importantes tras el paro. Un aumento en los costos de combustibles generaría la necesidad de incrementar tarifas en el transporte de carga y pasajeros, lo que podría tener un efecto en cascada en los precios de bienes de consumo y servicios.
JetA1
El transporte aéreo no está exento del impacto de la reforma. El combustible JetA1, vital para la operación de aerolíneas, también vería un aumento significativo. El precio del galón pasaría de 254.22 pesos a 658.9 pesos, lo que implicaría un encarecimiento de los tiquetes aéreos en todo el país. Este incremento amenaza con frenar la recuperación del turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia y que apenas comenzaba a repuntar.
La combinación de mayores costos en el transporte terrestre y aéreo podría asestar un golpe devastador al turismo nacional, encareciendo tanto los desplazamientos dentro del país como los servicios turísticos. Las empresas del sector, especialmente las pequeñas y medianas, podrían verse obligadas a cerrar o a reducir significativamente sus operaciones.
Efectos en el costo de vida
El impacto de la reforma no se limita al sector transporte. La propuesta también incluye un aumento del 4% en la factura del gas natural, lo que afectaría a más de 11 millones de usuarios en Colombia. Este incremento se sumaría a otros factores que ya están presionando el costo de vida en el país, como la inflación y la devaluación del peso.
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El gas natural es utilizado no solo por hogares, sino también por empresas y sectores productivos, lo que encarecería los costos de producción y transporte de bienes, afectando a toda la cadena de valor y generando un aumento generalizado en los precios de productos básicos.
Crisis de producción y competitividad
Uno de los puntos más preocupantes de la reforma es la posibilidad de que los costos de combustibles se reajusten cada año. Esto generaría una inestabilidad en los costos de producción, especialmente en sectores que dependen del transporte, como el agrícola y el industrial. Las empresas del sector transporte se verían obligadas a trasladar estos costos a sus clientes, lo que podría reducir su competitividad a nivel nacional e internacional.
Además, la incertidumbre sobre los futuros aumentos en los costos de operación podría desalentar nuevas inversiones en el país, afectando la creación de empleo y el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.
El gobierno y la oposición
El gobierno de Gustavo Petro ha defendido esta reforma como una medida necesaria para aumentar los ingresos del Estado y garantizar el cumplimiento del presupuesto en 2025. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Los sectores empresariales y de la oposición han advertido sobre las consecuencias negativas que esta reforma podría tener en la economía del país, especialmente en un momento en que la recuperación económica aún es frágil.
Las organizaciones de transportistas, que recientemente lograron un acuerdo con el gobierno tras el paro, temen que esta reforma anule los avances alcanzados y genere nuevas protestas y movilizaciones. El riesgo de que la reforma cause una crisis en el transporte y el turismo es real, y tanto el gobierno como los sectores afectados deberán encontrar puntos de concertación para evitar un colapso en estas industrias.
Fuente: Revista Semana
