Para dimensionar la magnitud de la crisis que enfrenta el mercado aéreo colombiano, justo en una de las semanas de mayor tráfico del año, tenemos que regresarnos a la temporada alta más próxima: enero de 2023. Según la Aeronáutica Civil, Viva Air tenía el 19,5 % de las sillas nacionales existentes y Ultra Air el 6,5 %. Ahora ninguna de las dos aerolíneas está operando después de procesos públicos llenos de desinformación y cruces de versiones. Por donde se le mire, es un desastre para un sector que se venía democratizando, pues el año pasado transportó a 48 millones de usuarios, un récord en nuestro país. Asignar responsabilidades, sin embargo, no es tan sencillo, y el Gobierno Nacional tiene un camino lleno de obstáculos para encontrar una solución.
El primer problema es de confianza. Tanto Viva como Ultra vendieron pasajes hasta momentos antes de la suspensión de operaciones. Además, lo hicieron en medio de discursos contradictorios: en el caso de Viva, buscando responsabilizar al Gobierno; en el de Ultra, enviando señales de supuesta solidez financiera que ahora sabemos que no existía. La frustración de los colombianos es entendible y llevó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a denunciar penalmente a ambas aerolíneas. A esto se le suma que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está investigando si Avianca se integró de manera irregular con Viva antes de tener autorización. ¿Cómo se reconstruye la legitimidad de todo el mercado aéreo cuando persisten tantos interrogantes y las aerolíneas no han sido transparentes?
Esto, por cierto, también afectó la posibilidad de las empresas aéreas para mantenerse a flote. En su comunicado anunciando la suspensión de operaciones, Ultra Air dijo que “la suspensión de operaciones de la tercera aerolínea más grande del país puso en alerta a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aeronaves, quienes empezaron a exigir pagos inmediatos e incluso prepagos de los insumos y servicios necesarios para la operación”. Por eso es fundamental que todos los actores del mercado se concentren en recuperar la confianza.
El segundo problema es macroeconómico. Según el Ministerio de Transporte, entre enero y febrero de este año el tráfico de pasajeros aéreos se redujo entre 26 y 32 %. Esto coincide con un aumento considerable en los costos de operación. Las aerolíneas pasaron a pagar un IVA del 19 %, cuando en la pandemia se había reducido al 5 %. Los precios internacionales del combustible también han estado por las nubes y la devaluación del dólar hace nuestro mercado poco atractivo. Al terminar la semana pasada, el ministro Reyes señaló que el Gobierno presentará una propuesta para reducir el IVA y tal vez subsidiar el combustible, pero no está claro que el Ministerio de Hacienda esté a bordo de la medida.
El tercer problema es de regulación. A pesar de ser un servicio público esencial, los gobiernos se han mostrado reacios a intervenir. La Superintendencia de Transporte demostró su incapacidad para evitar la crisis este año. ¿Será momento de aprobar regulaciones más estrictas? ¿También de potenciar a Satena, la aerolínea estatal?
En últimas, lo más importante son los pasajeros. Por eso es fundamental que la Fiscalía y la SIC cuenten pronto qué ocurrió en este desastre y que el Gobierno pueda liderar una reorganización que los beneficie.
Fuente: MSN
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