Según fuentes de la Fiscalía son seis las empresas de transporte de carga las que están siendo investigadas porque al parecer hacen parte de un fenómeno del lavado de activos. “Las empresas en indagación son todas de Bogotá. Al parecer inyectan capital producto de actividades ilícitas. Aunque todavía no hay condenas”, afirmó un vocero de la Fiscalía que pidió reservar su nombre porque las investigaciones todavía están en curso.
Según denuncias de empresarios del sector en Antioquia y el Eje Cafetero, se viene registrando un incremento de compra de camiones, creación de empresas de papel y empresas legales que reciben grandes inyecciones de dineros del narcotráfico, bandas criminales y guerrilla, con las cuales dicen ellos es imposible competir. Líderes transportadores afirman que han denunciado esta problemática que al parecer desangra al sector.
Luis Orlando Ramírez, presidente de Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia (ATC) dice que el lavado de activos “ha sido un dolor de cabeza en estos últimos años, ya que al sector han llegado cifras multimillonarias en inversión de vehículos, sobre todo tractocamiones. Esto nos pone en dificultades, porque tenemos una competencia desleal en materia de fletes, hay un parque automotor sobre ofertado. Le hemos comunicado a las autoridades nuestra angustia sobre este tema, que se ha generalizado en el territorio colombiano, en regiones como Antioquia, Valle del Cauca y Costa Atlántica donde se presenta más”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, Juan Carlos Rodríguez explica que se han identificado hasta casos de camiones vacíos en las carreteras facturando como si fueran cargados. “La sospecha que se está dando es con relación a operaciones ficticias para el lavado de activos. Hemos evidenciado operaciones sin carga y flete. A pesar de que existe el documento de manifiesto de carga que cada empresa está obligada a llenar”, afirma.
Según un estudio sobre lavado de activos en el transporte de carga de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en 2014, el número de empresas registradas ante las Cámaras de Comercio y que están homologadas por el Ministerio de Transporte, no corresponde con el total de compañías que se dedican a este negocio. De 29.600 empresas de transporte de carga, solo 2.650 están habilitadas por Mintransporte y de estas últimas estarían entregando información económica solo 500. Es decir que las otras 26.985 están operando sin autorización.
La Uiaf estima en el estudio, que el 8.77% de empresas o personas naturales registradas en las cámaras de comercio con actividad económica principal en transporte de carga por carretera, estan habilitadas por el Ministerio de Transporte. Esto indica que hay más movimiento en el sector de lo que las autoridades de supervisión pueden ver y, por tanto, hay más posibilidades de que operaciones de lavado de activos o de financiación del terrorismo ocurran sin ser detectadas.
La Uiaf descubrió diferentes métodos y trampas utilizadas por el narcotráfico para encubrir los dineros de las actividades ilícitas. Por ejemplo, las empresas de transporte facturaban servicios a menores de edad, personas pobres y sin capital, como también presentaban solicitudes de mercancías de sitios donde había una producción excesiva del producto, es decir azúcar en el Valle del Cauca o papa en Boyacá.
La Uiaf argumenta que todo este descontrol que se presenta en el sector transporte es caldo de cultivo para los narcos y grupos armados que quieren lavar su dinero. Es clave resaltar el nivel de informalidad que afecta al sector, pues el 32% de las empresas de transporte no cuenta con vehículos propios y el 68%, que sí los tienen, registra en promedio menos de cinco unidades. Entre tanto, solo 22 empresas tienen más de 200 vehículos y únicamente una empresa tiene más de 600. Esto quiere decir que la mayoría de empresas contratan con terceros y, en conjunto, las empresas de transporte solamente son propietarias del 6% de la flota.
Para estas modalidades, la Superintendencia de Transporte viene implementando el Siplaft, un sistema que ellos califican de pionero pero que ha generado críticas pues no todas las empresas reportan sus actividades o le mienten al sistema. Este programa obliga a las empresas registradas a presentar reportes periódicos de las transacciones múltiples de carga que estas realizan con un solo cliente durante el trimestre, superiores a 30 millones de pesos.
Por medio de esto, la Uiaf trata de realizar inteligencia financiera y detectar operaciones inusuales. Cuando encuentra un hecho delictivo o se presume que se está cometiendo, este pasa inmediatamente a la Fiscalía. Según datos de Supertransporte, en 2014 hubo más de 500 empresas en la mira de la Fiscalía en regiones como Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, por reportar operaciones de este tipo.
“Como transportadores hemos denunciado de manera muy general el tema, porque este tipo de denuncias es muy difícil recaudar pruebas. Con la Uiaf, Mintransporte y Dian pedimos que se cruce la información para sancionar a los implicados, porque es toda una organización la que está realizando el lavado. Esta actividad se ha venido refinando e incrementando en los últimos años y tiene que ver con toda la situación que vive el sector”, explica Rodríguez.
Fuente: El Colombiano
Fotografía: Wikimedia
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