En un movimiento que ha generado tanto aplausos como críticas, la Plenaria del Senado de la República aprobó un proyecto de ley que elimina la inmovilización inmediata de motocicletas en cinco infracciones específicas del Código Nacional de Tránsito en Colombia. Este proyecto, que ahora espera la sanción del presidente Gustavo Petro, propone una igualdad sancionatoria entre automóviles y motocicletas, argumentando que muchas motos en el país son utilizadas como herramientas de trabajo.
El proyecto, liderado por el senador Alejandro Vega y apoyado por el ponente Gustavo Moreno, modifica el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Según lo aprobado, ya no se podrá inmovilizar la moto cuando el conductor cometa las siguientes infracciones: transitar en sentido contrario, no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, conducir sobre aceras o vías peatonales, adelantar en túneles o puentes, y realizar maniobras peligrosas.
Uno de los principales argumentos para esta modificación es que el 90% de las motocicletas adquiridas en Colombia en 2022 se utilizan como herramienta de trabajo, según cifras de la ANDI. Esto subraya la necesidad de un trato más equitativo, considerando el impacto económico que una inmovilización puede tener en la vida de los conductores de motocicletas, especialmente aquellos que dependen de ellas para su sustento diario.
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Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de oposición. La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Movilidad, ha expresado serios reparos, citando preocupaciones de seguridad vial. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, recordó que la Corte Constitucional ha considerado la inmovilización de motocicletas como una medida razonable y necesaria para proteger la vida e integridad de todos los usuarios de las vías. Además, resaltó que las motocicletas presentan el mayor índice de siniestralidad vial, con altos niveles de muertes y lesiones personales.
Los datos respaldan estas preocupaciones. En 2023, las motocicletas estuvieron involucradas en un 52% de las fatalidades de peatones y un 28% de las muertes de sus propios usuarios. La flexibilización de las sanciones podría, según la Secretaría, enviar un mensaje equivocado que podría ser interpretado como una invitación al incumplimiento de las normas de tránsito, potencialmente aumentando la siniestralidad vial.
En respuesta a estos argumentos, el senador Gustavo Moreno ha defendido firmemente el proyecto, afirmando que busca acabar con lo que él considera un negocio de las inmovilizaciones, gestionado por algunos operadores de grúas y patios en el país. Moreno sostiene que el proyecto no elimina las multas por las infracciones mencionadas, sino que solo elimina la inmovilización inmediata, buscando una mayor justicia y equidad en el trato hacia los motociclistas.
Expertos y académicos en movilidad y tránsito también han expresado su oposición a la iniciativa. Argumentan que la siniestralidad vial es una de las principales causas de muerte violenta en el país y que relajar las sanciones puede agravar esta situación. En 2023, la siniestralidad vial alcanzó cifras históricas, con un aumento del 6,1% en las muertes de motociclistas.
Mientras que el proyecto de ley busca una mayor igualdad y equidad para los motociclistas, también plantea un debate crucial sobre la seguridad vial y la efectividad de las medidas preventivas. La decisión final del presidente Gustavo Petro determinará si esta iniciativa se convierte en ley, con implicaciones significativas tanto para los conductores de motocicletas como para la seguridad en las vías colombianas.
Fuente: Revista Semana
