En los últimos días, la ciudad de Bogotá ha sido testigo de una serie de bloqueos organizados por taxistas, que han generado caos en la movilidad y afectaciones significativas en la rutina diaria de los ciudadanos. Ayer, alrededor de las siete de la noche, una veintena de conductores de taxis bloquearon la calle 26 en dirección al occidente, causando que la ruta dual K86 y la ruta alimentadora del Aeropuerto tuvieran que realizar retornos en el Puente Aéreo. Esta situación, que se ha vuelto recurrente, refleja el descontento del gremio de taxistas frente a las plataformas de transporte y la falta de regulación efectiva.
El alcalde Carlos Fernando Galán ha sido enfático en su posición contra los bloqueos, afirmando que no permitirá este tipo de acciones ni en la terminal aérea ni en la ciudad. Sin embargo, los taxistas continúan utilizando esta táctica de protesta. En las últimas horas, después de la manifestación del miércoles 3 de julio, algunos líderes del gremio confirmaron que seguirán con los bloqueos en diferentes partes de la ciudad. Manuel Gil, uno de los líderes del gremio, declaró en un video que circula en redes sociales que “el gremio de taxistas, a partir de hoy, hasta el 23 de julio, va a hacer algunas actividades de inconformismo con esta ilegalidad tanto en motos y carros particulares”.
Además del conflicto entre taxistas y conductores de plataformas, los líderes del gremio han denunciado la intimidación por parte de un grupo de motociclistas dedicados al transporte informal. Hugo Ospina, un reconocido líder de los taxistas, afirmó que este grupo de motociclistas ha creado una especie de autodefensas para maltratar y humillar a los oficiales de tránsito. Esta situación ha generado un ambiente de confrontación y violencia, en el que algunos taxistas han llegado a amenazar con el uso de armas para defender a las autoridades.
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La situación actual refleja un conflicto de larga data entre los taxistas y las plataformas de transporte, como Uber, Didi e InDriver. Aunque estas aplicaciones operan legalmente en Colombia, la ley prohíbe que vehículos particulares presten servicios de transporte, lo que crea una laguna legal que ha sido explotada tanto por los taxistas como por los conductores de plataformas. Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoprotax), ha sido claro en que lo ilegal es que vehículos particulares y motos presten servicios de transporte, exigiendo que se cumpla la ley vigente.
Por otro lado, los representantes de las plataformas de transporte han expresado su solidaridad con las personas afectadas por las protestas y han defendido la legalidad de su operación. José Daniel López, director ejecutivo del gremio de aplicaciones Alianza In, ha señalado que hay miles de taxistas que también operan a través de estas plataformas y que el servicio que ofrecen es legal y amparado por la Constitución. López ha enfatizado la necesidad de trabajar hacia una regulación adecuada en lugar de recurrir a la prohibición, que solo agravaría el problema.
Los bloqueos y la confrontación entre taxistas y conductores de plataformas han tenido un impacto significativo en la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá. Los tiempos de viaje se han duplicado, y las protestas han generado un ambiente de inseguridad y frustración. La falta de un pronunciamiento oficial y la ausencia de soluciones concretas por parte del Distrito solo han exacerbado la situación, dejando a la ciudadanía en una espera constante de nuevos bloqueos y retrasos.
Es evidente que la problemática del transporte en Bogotá requiere una solución integral que aborde tanto la regulación de las plataformas de transporte como la seguridad y el mantenimiento de las vías. El conflicto entre taxistas y conductores de plataformas no solo afecta la movilidad, sino que también refleja una lucha por el control del mercado del transporte urbano. La falta de una regulación clara y la inacción de las autoridades locales han permitido que esta situación se prolongue, afectando a miles de ciudadanos.
La crisis de movilidad en Bogotá, exacerbada por los bloqueos de los taxistas, es un reflejo de la falta de regulación y de las tensiones entre los diferentes actores del sector de transporte. Es imperativo que el Gobierno Nacional y las autoridades locales trabajen en conjunto para encontrar una solución que garantice la legalidad y la seguridad en el transporte, mientras se protegen los derechos de todos los involucrados. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente y justo para todos los ciudadanos de Bogotá.
Fuente: EE
