La Federación de Transportadores de Carga (Fedetranscarga) ha levantado la voz frente a la falta de claridad y transparencia en la regulación del tránsito de vehículos de carga en Soledad, Atlántico, un municipio que ha implementado restricciones específicas para camiones con un peso igual o superior a cinco toneladas. La preocupación del gremio no solo radica en la falta de accesibilidad a la normativa, sino también en los altos costos que estas regulaciones implican para los transportadores y, en última instancia, para los habitantes de la región.
El confuso marco regulatorio
El decreto que establece las nuevas regulaciones no está disponible en un lugar oficial de fácil acceso, lo que ha generado desconcierto y malestar entre los transportadores. Fedetranscarga, a través de un comunicado, hizo un llamado urgente a las autoridades locales para que publiquen las normas de manera clara y accesible. “Es necesario que las normas sean públicas ya que, aunque el desconocimiento no exime del cumplimiento de la ley, se hace necesario conocer las leyes para poder cumplirlas, especialmente en cuanto a las regulaciones de tránsito en las vías nacionales”, señaló la federación.
La falta de visibilidad y disponibilidad del decreto no solo complica el cumplimiento de la ley, sino que también pone en riesgo la operación de cientos de transportadores que deben transitar por la zona. La incertidumbre sobre los requisitos legales puede llevar a sanciones y costos inesperados para los conductores, muchos de los cuales ya enfrentan una realidad económica complicada.
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Impacto económico en el sector y la comunidad
Uno de los puntos más críticos que ha señalado Fedetranscarga es el cobro de $773.534 para obtener un permiso de tránsito válido por seis meses. Según la federación, esta tarifa no solo afecta a los pequeños transportadores y a las empresas del sector, sino que también repercute en los habitantes de Soledad. “Si los conductores deben asumir un costo mayor en tránsito, estos señalan que se verían ‘inclinados’ a subir el precio de los tiquetes a sus usuarios”, advierte el gremio.
Este incremento en los costos de operación para los transportadores de carga podría traducirse en un aumento en el precio de los productos y servicios en la región, afectando directamente al consumidor final. Además, la situación podría incentivar a algunos transportadores a evitar la ruta, lo que a largo plazo podría impactar la eficiencia y el costo del transporte de bienes en el área.
Respuesta de las autoridades y expectativas del gremio
Ante esta situación, Fedetranscarga ha hecho un llamado a las entidades competentes para que se brinde claridad sobre las normativas y se tomen medidas que permitan un tránsito fluido y justo para todos los actores involucrados. La federación ha destacado que el Grupo de Logística y Carga del Ministerio de Transporte, liderado por Juan Felipe Sanabria, y el Gerente del Corredor Bogotá – Costa Atlántica, Luis Fernando Cuello, están trabajando en la situación, la cual ha generado pérdidas económicas en la operación logística de la región.
Por su parte, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad informó el 5 de agosto que ha estado realizando pedagogía sobre el Decreto 162 de 2018, el cual regula el tránsito de vehículos de carga en la zona. Según el Instituto, para tramitar el permiso de paso, los transportadores deben presentar una carta de solicitud, datos del vehículo, fotocopias de la licencia de tránsito y de la licencia de conducción, así como la cédula, el Soat, el Simit actualizado y el pago de la tarifa establecida.
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Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos pedagógicos, la preocupación del gremio persiste. Fedetranscarga continúa exigiendo una mayor transparencia y accesibilidad a la normativa, y que se consideren las implicaciones económicas para los transportadores y la comunidad en general.
La situación en Soledad, Atlántico, es un ejemplo de cómo la falta de claridad y accesibilidad a las regulaciones puede generar tensiones entre las autoridades y los sectores productivos. Fedetranscarga, al exigir transparencia y justicia en la aplicación de la ley, busca no solo proteger a los transportadores, sino también asegurar que las decisiones regulatorias no perjudiquen a la economía local ni a los ciudadanos de Soledad.
La expectativa ahora recae en que las autoridades respondan con acciones concretas que faciliten el cumplimiento de la normativa y, a la vez, consideren las realidades económicas de los actores involucrados. La claridad en la regulación y la justicia en los costos asociados son fundamentales para mantener un equilibrio que beneficie a todos.
Fuente: RCN Radio
