El paro de transportadores en Colombia, provocado por el alza en el precio del ACPM, ha causando bloqueos en diversas regiones del país. Los camioneros, junto a volqueteros, exigen soluciones ante una situación que, según ellos, afecta de manera directa sus ingresos y condiciones laborales. En respuesta, el presidente Gustavo Petro ha anunciado una serie de medidas para aliviar las tensiones en el sector, con el objetivo de proteger principalmente a los pequeños transportadores, quienes se ven más afectados por el incremento de los costos operativos y la falta de regulación justa en el pago de fletes.
Uno de los pilares de la propuesta gubernamental es la creación de una plataforma pública que funcionará como intermediaria de carga, con el objetivo de reducir las prácticas abusivas de las empresas intermediarias privadas. Estas empresas han sido señaladas por pagar a los camioneros un valor muy inferior al cobrado por los fletes. El presidente Petro reveló que más de 1.000 de las 3.000 empresas intermediarias en Colombia han sido identificadas por estas prácticas abusivas.
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Además, el Gobierno está evaluando el uso de recursos de Ecopetrol para apoyar un plan de renovación tecnológica en los vehículos de carga. Este plan incluirá la chatarrización controlada de los camiones antiguos, lo cual se realizará de manera paulatina para evitar una expansión desmedida de la flota, preservando el equilibrio en el sector.
En cuanto al aumento del precio del diésel, Petro ha planteado que este se realizará de forma gradual, pero estará condicionado al cumplimiento de las normativas propuestas. Esto incluye la obligación de que las empresas intermediarias ajusten el pago a los camioneros, asegurando que el valor recibido sea proporcional al costo del flete establecido. El mandatario insistió en que estas medidas no solo buscan resolver el conflicto actual, sino también mejorar la calidad de vida de los transportadores y fortalecer la industria a largo plazo.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por alcanzar un acuerdo, el paro ha tenido efectos severos en la movilidad y el abastecimiento del país. Los bloqueos han generado problemas en sectores como el comercio, la agricultura y la distribución de bienes esenciales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha pedido que, en medio de las manifestaciones, se respeten los derechos fundamentales tanto de los transportadores como de la ciudadanía afectada.
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El paro también ha encendido el debate sobre la viabilidad de la política de subsidios al combustible y la gestión de los recursos energéticos. Aunque el Gobierno considera que el alza del precio del diésel es necesaria para mitigar el déficit en las finanzas públicas, los transportadores señalan que este tipo de medidas impactan directamente sus ya golpeadas economías. Además, la falta de consenso sobre cómo aplicar las normativas y los tiempos de implementación ha complicado la resolución del conflicto.
A medida que las negociaciones continúan, la presión sobre el Gobierno aumenta, ya que no solo debe asegurar una pronta solución a las protestas, sino también garantizar que el sector transporte funcione de manera eficiente y justa en el futuro. Sin embargo, las voces de los pequeños transportadores siguen siendo críticas. Ellos, que dependen del equilibrio entre sus ingresos y los costos de operación, consideran que no basta con un incremento gradual del diésel si no se atacan otros problemas estructurales del sector.
Fuente: LR
