El sector del transporte en Colombia ha sido escenario de tensiones recientes debido a las medidas de control sobre la informalidad y la ilegalidad, así como al inminente aumento en los precios del ACPM. En medio de la controversia, el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, defendió la reciente circular que ha generado preocupación en algunos sectores, sobre todo en quienes trabajan en plataformas como Uber. Además, hizo un llamado a la calma al aclarar que no se trata de una “persecución” sino de una reiteración de las obligaciones de las autoridades municipales para controlar el transporte ilegal.
La circular de la Superintendencia: ¿Control o persecución?
La polémica surgió a raíz de una circular emitida por la Superintendencia de Transporte en la que se enfatizaba la necesidad de reforzar los controles sobre la informalidad en el sector. Esta medida fue interpretada por algunos como una “persecución” hacia quienes operan mediante plataformas tecnológicas como Uber, Didi, y Cabify. Sin embargo, Enríquez aclaró que no se trata de nuevas medidas, sino de una reiteración de las funciones que, por ley, deben cumplir los alcaldes y las autoridades de tránsito municipales.
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“Creo que ha habido mucha desinformación en el asunto”, aseguró el viceministro durante su intervención en el Congreso de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar). “Cuando la superintendente expide una circular, lo que hace es reiterar las medidas de control que deben tomar las autoridades locales para enfrentar la informalidad. No estamos hablando de una persecución”.
Esta aclaración llega en un momento en el que las plataformas de transporte han crecido significativamente en el país, ofreciendo alternativas a los usuarios y generando empleo para miles de conductores. No obstante, la falta de regulación clara y la competencia desleal que perciben algunos sectores del transporte formal ha generado tensiones.
El futuro del ACPM y la reforma tributaria
En su intervención, Enríquez también se refirió a otro tema candente: el precio del ACPM y su impacto en el sector transporte. A casi dos semanas del levantamiento del paro nacional de camioneros, que paralizó el país durante varios días en protesta por el incremento del precio del combustible, el gobierno sigue trabajando en mesas técnicas con los transportadores para encontrar soluciones.
“Estamos avanzando en las mesas técnicas con los camioneros y hemos llegado a importantes acuerdos”, comentó el viceministro. “Tan pronto se realicen las reformas estructurales que estamos discutiendo, el próximo año estaríamos hablando de posibles incrementos al combustible”.
Uno de los puntos clave en la discusión es la inclusión del impuesto al carbono en la reforma tributaria. De acuerdo con el gremio Colfecar, si este impuesto es aprobado, el precio del ACPM podría subir aún más de lo acordado, lo que añadiría una presión significativa al sector transporte, ya afectado por los recientes incrementos. Según cálculos de Colfecar, el aumento adicional podría ser de más de $1.200 por galón, lo que sumado a los $800 ya pactados, supondría un fuerte impacto para los transportadores y, eventualmente, para la cadena de suministro del país.
Un sector en transición: Entre la legalidad y la modernización
La discusión sobre la informalidad y los precios del combustible refleja un reto más amplio para el sector del transporte en Colombia: la modernización. Con una flota de vehículos que en muchos casos está envejecida y enfrenta altos costos operativos, los transportadores se ven atrapados entre la necesidad de adaptarse a nuevas regulaciones y tecnologías, y los obstáculos que representan los altos costos del combustible y la competencia desleal.
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Plataformas como Uber, que operan en un limbo regulatorio, han crecido rápidamente y captado una parte importante del mercado, lo que ha generado inquietud en sectores del transporte formal, especialmente los taxistas. El llamado de Enríquez a las autoridades locales para controlar la ilegalidad es un recordatorio de que, aunque las plataformas tecnológicas representan una opción viable para muchos usuarios, también deben operar bajo el marco de la legalidad.
No obstante, la solución no puede ser únicamente represiva. Muchos conductores que trabajan en estas plataformas lo hacen porque no encuentran oportunidades en el mercado laboral formal. Para ellos, la falta de opciones hace que el riesgo de operar de manera informal sea una necesidad más que una elección.
La seguridad y el futuro del sector
Además de los temas de informalidad y el costo del combustible, Enríquez también mencionó la importancia de la seguridad en las carreteras. Con una inversión de $10.000 millones en colaboración con la Policía Nacional, el gobierno planea implementar mejoras en la seguridad vial en las principales rutas del país. Este esfuerzo es crucial para garantizar no solo la seguridad de los transportadores, sino también para mejorar la eficiencia en el transporte de carga y la logística en general.
Fuente: RCN Radio
