En un intento por fomentar la movilidad sostenible y amigable con el medio ambiente, el Ministerio de Transporte ha dado un paso significativo al expedir la resolución 20243040038565. Esta normativa establece las condiciones para la homologación de triciclos o tricimóviles no motorizados y con pedaleo asistido que prestarán el servicio público de transporte de pasajeros en el país. Esta medida forma parte de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es impulsar una movilidad más limpia y accesible para todos.
La resolución ha generado expectativas tanto en el sector del transporte como entre los usuarios que ven en estos vehículos una opción alternativa para el desplazamiento urbano. No obstante, la normativa también plantea desafíos para los propietarios y operadores de estos vehículos, que ahora deben cumplir con una serie de requisitos para su homologación.
¿Qué implica la homologación?
Según la resolución, los triciclos y tricimóviles no motorizados deben cumplir con una serie de características técnicas para ser aprobados para el servicio público. Entre los principales requisitos, se menciona que el vehículo debe tener tres ruedas y un ancho máximo de 1,20 metros. Estos triciclos deben ser accionados por pedales, utilizando la fuerza física del conductor, y contar con un habitáculo para transportar hasta tres personas, incluido el conductor. Además, deben tener puertas de acceso en ambos lados del vehículo, un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros.
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En cuanto a los triciclos con pedaleo asistido, estos vehículos deben contar con un motor eléctrico auxiliar con una potencia no mayor a 0,50 kW, lo cual les permite brindar asistencia al esfuerzo físico del conductor. Sin embargo, este apoyo está diseñado para disminuir gradualmente conforme el vehículo aumenta de velocidad, hasta suspenderse cuando se alcanza una velocidad máxima de 25 km/h o cuando el conductor deja de pedalear.
Procedimiento para la homologación
El proceso de homologación deberá realizarse de manera virtual a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Los interesados deberán adjuntar los documentos necesarios para la verificación de las condiciones técnicas del vehículo. Tanto el propietario como la empresa de transporte que gestione estos triciclos son responsables de mantener las condiciones originales del vehículo, sin alterar las características establecidas para su uso en el servicio público.
Si bien el Ministerio de Transporte busca impulsar una movilidad más verde y accesible, algunos expertos en transporte expresan dudas sobre la aplicabilidad de esta normativa en un contexto urbano complejo como el de las principales ciudades colombianas. El diseño de las calles, la falta de infraestructura adecuada para bicicletas y triciclos, y la congestión vehicular son factores que podrían dificultar la integración de estos vehículos en el sistema de transporte público.
¿Un avance o un reto innecesario?
El Gobierno nacional, al reglamentar este tipo de vehículos, claramente apuesta por la inclusión de alternativas sostenibles en el transporte urbano. Sin embargo, la realidad de las ciudades, como Bogotá o Medellín, plantea un reto considerable. La seguridad vial, la falta de carriles exclusivos y la necesidad de una cultura de respeto hacia estos vehículos por parte de los demás actores de la movilidad son factores que determinarán el éxito o el fracaso de esta medida.
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En términos de viabilidad económica, los triciclos con pedaleo asistido podrían representar una solución asequible y sostenible para pequeños emprendedores o transportadores locales, pero es imprescindible que los costos de implementación y homologación no sean prohibitivos. Además, la flexibilidad en su uso y regulación por parte de las autoridades locales será clave para evitar que esta norma se convierta en una traba más para el desarrollo de nuevas formas de movilidad.
Impacto social y ambiental
La inclusión de estos vehículos no motorizados en el servicio público de transporte tiene un potencial significativo para reducir la huella de carbono del país. Además, su implementación podría mejorar la movilidad en zonas congestionadas, aliviando el tráfico y ofreciendo una alternativa a quienes buscan opciones más ecológicas y económicas. Sin embargo, será necesario garantizar su integración efectiva en las dinámicas urbanas actuales, con apoyo de infraestructura y políticas complementarias que promuevan su uso.
El tiempo dirá si esta normativa marca un cambio positivo hacia una movilidad más limpia y eficiente, o si se convertirá en un obstáculo más dentro del ya complicado sistema de transporte urbano en Colombia.
Fuente: MinTransporte
