La ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá ha generado una intensa controversia entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional, especialmente tras la demanda del Ministerio de Ambiente, que busca anular la licencia ambiental otorgada a esta obra. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, respondió enérgicamente al Gobierno, defendiendo el proyecto y solicitando respeto hacia las decisiones del distrito.
Este proyecto, que busca mejorar la movilidad y fomentar el desarrollo urbano en la capital, ha sido criticado por algunos sectores que consideran que amenaza la integridad de la Reserva Thomas Van Der Hammen, una zona considerada crucial para el equilibrio ambiental de la ciudad. Galán, sin embargo, asegura que el proyecto tiene previsto un enfoque ambientalmente responsable, subrayando que, de las 1.395 hectáreas de la reserva, solo se utilizarán 20, y que el impacto será compensado mediante la restauración de 120 hectáreas adicionales.
El alcalde fue directo al señalar que esta ampliación no es muy diferente a la que Gustavo Petro, hoy presidente, había propuesto cuando era alcalde de Bogotá. Galán compartió planos de la antigua propuesta de Petro, destacando que esta también consideraba el paso de la Avenida Boyacá por la reserva. “¿La propuesta de Petro era para proteger la estructura ecológica, pero si otro alcalde la construye es para destruirla?”, cuestionó Galán en su cuenta de X (antes Twitter), sugiriendo que las críticas podrían estar motivadas por cuestiones políticas, más que por preocupaciones ambientales reales.
Disputa por la visión ambiental de Bogotá
La controversia no solo se limita a la Alcaldía y el Ministerio de Ambiente. Legisladores oficialistas también han sumado sus críticas. La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, señaló en redes sociales que las políticas ambientales del alcalde Galán no han sido efectivas, argumentando que el Plan de Desarrollo de Bogotá carece de una estrategia ambiental sólida y que no se alinea con el plan de acción climática del país, que busca ser implementado para 2050. “Si no superamos la política ambiental que consiste en reaccionar tarde y mal, Bogotá no podrá enfrentar los desafíos presentes y futuros”, señaló Carrascal en su cuenta, mencionando que temas críticos, como el agua, ya están en riesgo en la capital.
Este reclamo ha sido refutado por Galán, quien insiste en que el proyecto cuenta con medidas compensatorias suficientes para garantizar el equilibrio entre desarrollo urbano y sostenibilidad. Según el alcalde, esta obra es esencial para descongestionar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, asegurando que no comprometerá los recursos naturales de la ciudad.
La ampliación de la Avenida Boyacá
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), encargado de la ejecución de la obra, ha reportado un avance de cerca del 70%, y espera que la avenida esté conectada con la calle 183 para finales de año. Esta ampliación de 1.3 kilómetros incluirá dos carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo Transmilenio, dos carriles mixtos, y una ciclorruta en el separador central, lo que responde a la demanda de infraestructura sostenible y opciones de transporte no motorizado en la ciudad.
Orlando Molano, director del IDU, destacó la importancia de la obra para la valorización de la zona y su potencial impacto en la movilidad de la ciudad. “Cuando llegamos a la administración, recibimos la obra en un 47,10%. El alcalde nos pidió habilitarla lo más pronto posible y vamos a cumplirle a los bogotanos con su directriz”, afirmó Molano, quien asegura que la ampliación beneficiará a miles de ciudadanos y promoverá el crecimiento ordenado de la capital.
El futuro del proyecto está en el Consejo de Estado
Pese al respaldo del alcalde y el avance en la ejecución, el destino del proyecto podría estar en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir si acepta la demanda del Ministerio de Ambiente. Si bien la ampliación de la Avenida Boyacá sigue en marcha, una decisión desfavorable podría frenar la obra y obligar a replantear sus términos.
Esta situación plantea un dilema entre las prioridades de desarrollo urbano y los compromisos ambientales, en un contexto donde ambas agendas son igualmente urgentes. La respuesta del Consejo de Estado podría sentar un precedente en el manejo de futuras iniciativas de infraestructura que afecten áreas protegidas en el país.
Para Bogotá, la ampliación de la Avenida Boyacá representa no solo un proyecto vial, sino un debate más amplio sobre la sostenibilidad en la planificación urbana.
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