Un reciente informe de Carbon Tracker advierte que Colombia podría destinar hasta US$226.000 millones a la importación de combustibles para el transporte terrestre hacia 2050 si mantiene su actual dependencia de vehículos con motor de combustión. Este escenario, además de incrementar la vulnerabilidad económica, implicaría una constante salida de divisas que limitaría la inversión en sectores estratégicos.
El análisis subraya que la alta dependencia del petróleo y sus derivados presiona las finanzas del país, especialmente en un contexto donde el transporte representó el 75% del consumo de crudo en 2023, con más del 25% proveniente del exterior. Esta situación expone a Colombia a la volatilidad de los precios internacionales y a riesgos fiscales crecientes.
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En contraste, el informe plantea un escenario en el que se acelera la adopción de vehículos eléctricos. Bajo este enfoque, el país podría ahorrar cerca de US$40.000 millones en importaciones de combustibles fósiles hasta 2050 y evitar el consumo de aproximadamente 600 millones de barriles equivalentes de petróleo, fortaleciendo así la seguridad energética.
La transición también traería beneficios en salud pública y mitigación del cambio climático. La reducción de emisiones del parque automotor permitiría disminuir la contaminación del aire y evitar pérdidas económicas estimadas en hasta US$35.000 millones asociadas a impactos climáticos.
El estudio advierte sobre los costos acumulados de continuar con la comercialización de vehículos de combustión interna. Cada unidad genera impactos económicos significativos durante su vida útil, incluyendo cerca de US$6.000 por automóvil particular, hasta US$350.000 por bus, considerando efectos en salud, subsidios y daños ambientales.
A esto se suma la presión sobre las finanzas públicas. Para 2025, los subsidios a combustibles fósiles alcanzarían los US$6.800 millones, superando los ingresos estimados por su comercialización en US$6.300 millones, lo que generaría un déficit cercano a US$500 millones.
El contexto internacional favorece el avance de la movilidad eléctrica. La reducción de más del 80% en el costo de las baterías desde 2013, impulsada por la expansión manufacturera en China, ha hecho más accesible esta tecnología. Asimismo, el costo por kilómetro de la electricidad resulta entre un 28% y un 55% inferior al de los combustibles tradicionales.
Colombia cuenta con condiciones estructurales que podrían facilitar esta transición, como un bajo nivel de motorización, una matriz energética limpia con cerca del 72% de generación hidroeléctrica y una menor dependencia de la industria automotriz tradicional.
El informe recomienda implementar políticas integrales que incluyan regulaciones más estrictas para vehículos de combustión, incentivos fiscales para la movilidad eléctrica y el desarrollo de infraestructura de carga. También resalta la necesidad de establecer estándares de eficiencia que eviten la entrada de tecnologías obsoletas.
Para Ben Scott, jefe de demanda de energía en Carbon Tracker, el país tiene la oportunidad de reducir su dependencia de combustibles importados y los costos asociados a largo plazo, al tiempo que alivia la presión fiscal mediante una reducción gradual de subsidios.
El estudio concluye que la discusión ya no gira en torno a si Colombia debe avanzar hacia la electrificación del transporte, sino a la velocidad con la que puede hacerlo para maximizar beneficios económicos, ambientales y sociales, en una decisión que marcará su futuro energético y financiero.
Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
