El reciente anuncio del ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, sobre el incremento del precio del diésel en Colombia ha encendido las alarmas en el sector transporte. La decisión, que implica un aumento de $6.000 en los próximos 18 meses, será implementada a través de tres alzas semestrales de $2.000, comenzando este mismo año. Aunque el Gobierno asegura que esta medida es necesaria para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), los gremios transportadores ya han manifestado su rechazo, calificándola como una carga insostenible para su operación.
Un ajuste inevitable
El Ministro Bonilla explicó que este incremento es una medida unilateral, adoptada tras fracasar las negociaciones con los gremios transportadores que se oponen vehementemente a la revisión del precio del ACPM, congelado desde 2020. Según el ministro, la brecha de $6.000 en el precio del diésel debe cerrarse para comenzar a aliviar el déficit del FEPC, que ha alcanzado cifras alarmantes.
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“Vemos que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con los gremios transportadores, pero tenemos que hacer este incremento para comenzar a cerrar el déficit del ACPM en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”, aseguró Bonilla. La primera alza de $2.000 se implementará antes de finalizar el año, seguida por otras dos en 2025, según lo previsto por el Gobierno.
El contexto del déficit
El déficit del FEPC es un problema que se ha acumulado durante años. El precio del diésel ha estado congelado desde enero de 2020, lo que ha generado una deuda creciente con Ecopetrol. En 2023, el déficit alcanzó los $100,3 billones, de los cuales el 73% se acumuló en los últimos dos años. Según el ministro Bonilla, el Gobierno del Cambio ya ha pagado $26,4 billones de esa deuda, pero el déficit sigue creciendo, especialmente debido al subsidio del diésel, que ha generado un hueco fiscal estimado en $11,6 billones solo en 2024.
Impacto en la sociedad y la economía
El Ministro también señaló que el actual subsidio al diésel es “inequitativo e ineficiente”, ya que beneficia desproporcionadamente a las personas con mayores ingresos. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, las personas del 10% más rico de la población reciben diez veces más beneficios del FEPC que las del 10% con menores ingresos. Este subsidio no solo representa una carga fiscal insostenible, sino que también va en contra de los objetivos de transición energética del país, desincentivando la necesaria descarbonización de la economía.
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El futuro del sector transporte
El sector transporte se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el aumento del precio del diésel es inevitable y necesario para corregir el déficit del FEPC. Por otro, este incremento amenaza con elevar los costos operativos de los transportadores, quienes ya se enfrentan a un entorno económico desafiante. El Gobierno ha intentado mitigar el impacto del aumento al hacerlo en tres fases y al enfocarlo en los grandes consumidores, pero el malestar en el sector es palpable.
Desde octubre del año pasado, se realizaron varias mesas de negociación con los transportadores, sin lograr ningún acuerdo. Ahora, el Gobierno se enfrenta a la difícil tarea de implementar una medida impopular que podría generar una reacción adversa en un sector vital para la economía del país.
A medida que el país avanza hacia el cierre del déficit del FEPC y la reducción de la inflación, que se espera baje al 5,5% para finales de 2024, la pregunta que queda es cómo afectará esta medida al sector transporte y a la economía en general. Sin duda, el aumento del precio del diésel será un desafío significativo que pondrá a prueba la capacidad de adaptación del sector y la eficacia de las políticas gubernamentales.
Fuente: Presidencia