Durante el Congreso de la Unidad Gremial en Bucaramanga, empresarios del transporte terrestre de pasajeros denunciaron las serias dificultades que enfrenta el sector, marcadas por un preocupante aumento de bloqueos viales, extorsiones y una normatividad que, lejos de apoyar su desarrollo, obstaculiza su operación. Marino Quintero, presidente de Asotrans y del Consejo Superior del Transporte (CST), se refirió a la situación como “económicamente difícil” y denunció que el negocio de transportar pasajeros por tierra “no está siendo rentable”. La libre movilización se ve cada vez más interrumpida, con efectos devastadores no solo para los transportistas, sino también para los usuarios y el desarrollo del país en general.
Quintero subrayó cómo los bloqueos, incrementados en frecuencia, han dejado vehículos incinerados y han creado una situación de constante zozobra en las carreteras. “El servicio público se ve interrumpido por las constantes protestas sociales y el bloqueo en las vías, lo que además de dejar vehículos incinerados, impide la libre movilización de los usuarios”, indicó. Sumado a esto, el aumento en los niveles de extorsión y el hostigamiento constante han sembrado el temor entre conductores, empresarios y usuarios. El ambiente de inseguridad afecta no solo la operación del transporte intermunicipal, sino también la confianza en un servicio que debería ser seguro y eficiente para todos.
Ante este escenario, unos 500 representantes del sector del transporte terrestre hicieron un llamado directo al Ministerio de Transporte, exigiendo “acuerdos enfocados a la libertad de acción para las empresas, especialmente en la modalidad de intermunicipal que faciliten prestar un servicio público formal, eficiente y oportuno”. La propuesta de los gremios se centra en la urgencia de que el Gobierno se comprometa a proteger a las empresas de transporte frente a las amenazas crecientes y en incentivar a los inversionistas a apostar por la formalidad y la seguridad del sector.
Quintero enfatizó la necesidad de contar con un Gobierno que apoye la inversión en el sector de transporte y fomente el cumplimiento de la ley: “Necesitamos un Gobierno que nos proteja y que incentive a los inversionistas a creer en la formalidad y al respeto por la ley en un país que todos aportamos y del que estamos convencidos que tiene muchas oportunidades para ofrecer un turismo de calidad”. En un contexto donde el transporte es crucial para el desarrollo del turismo y la economía nacional, la falta de garantías de seguridad y la ausencia de incentivos adecuados son vistas como barreras que podrían llevar a una crisis profunda en el sector.
El transporte de carga también en crisis
Este llamado no es exclusivo del sector de transporte de pasajeros; el transporte de carga, otra columna vertebral de la economía colombiana, también ha alzado la voz en reiteradas ocasiones para denunciar el aumento de bloqueos e inseguridad en las carreteras. Mes a mes, el transporte de carga reporta millonarias pérdidas debido a los constantes bloqueos viales y los ataques en las vías que afectan a los vehículos de carga y a su personal. La paralización del transporte terrestre, ya sea de pasajeros o de carga, representa pérdidas económicas y afecta a la cadena de suministro y al abastecimiento de muchas zonas del país, lo cual solo agrava la percepción de crisis en el sector.
La inseguridad en las carreteras y la presión de las extorsiones tienen un impacto devastador en el transporte formal, que además enfrenta la competencia de servicios informales y la falta de incentivos estatales para operar de manera estable y rentable.
¿Un gobierno que responda a las necesidades del transporte?
Las demandas del gremio no solo son un reclamo de mejores condiciones, sino una alerta sobre el impacto a largo plazo que estas condiciones adversas podrían tener sobre la infraestructura de transporte en Colombia. Sin el respaldo necesario del Gobierno y sin políticas que promuevan la formalización y protejan a los operadores, el sector podría enfrentarse a un declive aún mayor.
Para muchos, el llamado de Quintero y el CST es una oportunidad para que el Gobierno demuestre un verdadero compromiso con el transporte terrestre, uno de los pilares de la economía y del turismo en Colombia. Este sector es esencial no solo para la movilidad de los ciudadanos y turistas, sino también para el desarrollo económico de las regiones.
El transporte terrestre en Colombia necesita, de forma urgente, respuestas que no se limiten a la teoría, sino que brinden soluciones prácticas y directas a las problemáticas actuales: bloqueos, extorsiones y normatividad adversa. El tiempo corre, y la situación de inseguridad y desprotección podría llevar a una crisis irreversible en un sector que, por su importancia, no debería verse amenazado de esta forma.
Con esta declaración, el sector transporte hace un llamado urgente al Estado para que aborde estas problemáticas con medidas de fondo que ayuden a restaurar la confianza en un servicio esencial.
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