En una carta contundente al presidente Gustavo Petro, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) expresó su preocupación por el aparente incumplimiento de los acuerdos establecidos con el gobierno durante el paro nacional. La misiva destaca, además, los crecientes problemas de seguridad que afectan al gremio en las carreteras del país, así como la suspensión del programa de modernización del parque automotor de carga, generando gran incertidumbre entre los transportadores.
El contexto de esta situación se remonta a septiembre de 2024, cuando, después de una serie de diálogos, el gobierno y la ACC acordaron medidas específicas para mitigar el impacto de los elevados costos del combustible en el sector transportador. Uno de los puntos clave del acuerdo fue limitar el aumento del precio del combustible a dos incrementos de $400 cada uno. Sin embargo, según la ACC, la reciente reforma tributaria, promovida por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, rompe este compromiso. En dicha reforma, se contempla un nuevo impuesto al carbono que eleva en $750 adicionales el precio del galón de ACPM, lo cual representa, según el gremio, una violación de lo pactado.
La ACC argumenta que este nuevo aumento del impuesto al carbono podría tener efectos devastadores para los transportadores, que ya enfrentan altos costos operativos. En su carta, la asociación solicita al presidente Petro que elimine este artículo de la reforma, señalando que el cumplimiento de los acuerdos es esencial para la sostenibilidad económica del sector y para mantener la cadena de transporte en el país.
Otro tema que ha generado descontento entre los transportadores es la paralización, sin previo aviso, del programa de modernización del parque automotor de carga. Este programa, activo desde 2004, ha recibido aportes de los transportadores por más de dos billones de pesos, acumulando un saldo superior a $700 mil millones. Sin embargo, en los últimos cuatro meses, el gobierno ha suspendido la renovación de más de 350 camiones antiguos, dejando a los pequeños transportadores, que ya han realizado inversiones en nuevos vehículos, en una situación crítica.
La ACC denuncia que esta falta de modernización impacta directamente la eficiencia del sector, dejando a muchos transportadores sin acceso a los beneficios de contar con vehículos más modernos, económicos y ambientalmente responsables. Este programa, considerado vital para la industria, buscaba ofrecer apoyo financiero a los transportadores para la renovación de sus vehículos, pero la suspensión repentina y sin explicaciones ha dejado en riesgo de ruina a los pequeños empresarios del sector.
La seguridad en las carreteras es otro de los problemas críticos destacados en la carta. Según datos de la ACC, en los últimos tres años han aumentado los incidentes de robos, extorsiones y ataques a conductores, resultando en la muerte de más de 20 transportadores. Si bien el gobierno destinó fondos adicionales al Fosevi (Fondo de Seguridad Vial) con el objetivo de fortalecer la seguridad en las carreteras, la ACC acusa que estos recursos han sido desviados hacia proyectos secundarios, sin un impacto claro en la protección de los transportadores.
El gremio exige al gobierno un informe detallado de los montos asignados al Fosevi y de las inversiones realizadas para la adquisición de equipamiento destinado a mejorar la seguridad en las vías. Asimismo, la ACC demanda una actualización urgente de la plataforma SICE TAC, un sistema que debía proporcionar información sobre el estado de las carreteras y alertas de seguridad para los transportadores, pero que, según el gremio, ha permanecido sin mejoras significativas.
Para el sector transportador, cumplir los acuerdos es más que una solicitud: es una necesidad urgente. La ACC recalca que el cumplimiento de los compromisos adquiridos no solo beneficia a los transportadores, sino también a la economía del país en general, al asegurar el flujo continuo de bienes y servicios. Los transportadores reiteran su solicitud de diálogo con el gobierno, esperando que las necesidades del sector sean atendidas y que se implemente un plan efectivo para mejorar la seguridad y la sostenibilidad en las vías.
La situación ha generado preocupación no solo en el gremio transportador, sino también entre diversos sectores económicos que dependen del transporte de carga para sus operaciones. La carta al presidente Petro es un llamado de atención sobre la importancia de honrar los compromisos adquiridos, asegurar la seguridad vial y restablecer la confianza del sector en las autoridades.
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