La Corte Constitucional de Colombia ha dado un paso importante al admitir una demanda en contra del parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 2299 del 2023, una disposición que ha generado controversia y preocupación en diversos sectores. La demanda alega que esta ley podría violar el principio constitucional de unidad de materia, establecido en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, y abre un debate crucial sobre el equilibrio entre las autoridades territoriales y los concesionarios privados en el ámbito de los sistemas de transporte masivo.
El parágrafo 2 de la Ley 2299 del 2023 aborda la necesidad de renegociar los contratos de concesión y operación de sistemas integrados de transporte masivo (SITM) y sistemas estratégicos de transporte público (SETP) en el país. Se argumenta que esto es necesario debido a los efectos económicos adversos que han surgido por diversas razones, incluyendo costos, número de usuarios, riesgos operacionales y las consecuencias de la pandemia de COVID-19.
La disposición establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para llevar a cabo estas renegociaciones, con el objetivo de garantizar la reducción de los costos y la eficiente prestación del servicio público de transporte. Sin embargo, la controversia se centra en la interpretación de este parágrafo y su posible impacto en las partes involucradas.
El demandante sostiene que la redacción del parágrafo sugiere que se está presuponiendo un desequilibrio en los contratos, independientemente de su origen o causa, y que este desequilibrio siempre será en perjuicio de las entidades territoriales. Esto, según la demanda, equivale a imponer la culpabilidad de facto a los concesionarios privados, lo que plantea serias preocupaciones sobre la equidad en las renegociaciones.
Otra crítica importante se dirige al plazo establecido para llevar a cabo estas renegociaciones. El demandante argumenta que seis meses no son suficientes para evaluar y examinar adecuadamente cada situación contractual en sistemas tan complejos como los SITM y SETP. Además, cuestiona si una ley de adición presupuestal es el medio adecuado para abordar las posibles controversias contractuales, ya que estas generalmente derivan de la existencia de un contrato entre las partes y deben seguir un debido proceso.
La preocupación central es que el parágrafo 2 podría estar imponiendo una interpretación preconcebida sobre el desequilibrio económico en favor de las entidades territoriales, sin considerar las circunstancias individuales de cada contrato y saltándose procesos legales adecuados para resolver disputas contractuales.
Esta demanda plantea cuestiones importantes sobre la necesidad de equilibrar los intereses de las autoridades territoriales y los concesionarios privados en el sector del transporte masivo. Si bien es indiscutible que la eficiencia y la reducción de costos son objetivos valiosos, es crucial garantizar que las renegociaciones sean justas y basadas en una evaluación precisa de las circunstancias contractuales.
En última instancia, la admisión de esta demanda por parte de la Corte Constitucional abre la puerta a un debate necesario sobre el alcance y la implementación de la Ley 2299 del 2023. Este proceso legal permitirá que se escuchen todas las voces involucradas y se llegue a una conclusión que respete los principios constitucionales y garantice un trato equitativo para todas las partes afectadas.
La sociedad colombiana espera con interés el desarrollo de este caso, que podría tener un impacto significativo en la forma en que se gestionan y regulan los sistemas de transporte masivo en el país. El equilibrio entre el interés público y los derechos contractuales privados es un desafío que merece una cuidadosa reflexión por parte de la Corte Constitucional y la sociedad en general.
