El proceso disciplinario se relaciona con el tramo 2 de la Ruta del Sol.
La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra la exministra de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo Cecilia Álvarez Correa en medio de las indagaciones que viene adelantando en su contra por el caso Odebrecht.
Las conductas que investiga la Procuraduría están relacionadas con el tramo 2 de la Ruta del Sol y con el proyecto Navelena.
Según la investigación, la ministra habría firmado dos documentos Conpes en el 2013 y 2014 “presuntamente estando en conflicto de intereses, pese a haberse declarado impedida para actuar en temas relacionados con la Sociedad Portuaria de Cartagena y Buenaventura”.
El primer documento, llamado ‘Plan para establecer la navegabilidad del río Magdalena’, (3758 de 2013) es de cuando ejercía como Ministra de Transporte. El otro sería el Conpes 3817 de 2014, ‘Importancia estratégica del proyecto vial autopista ruta del sol’, firmado en octubre de ese año, cuando Álvarez ya estaba al frente de la cartera de Comercio, Industria y Turismo.
Álvarez se desempeñó como Ministra de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, cuando pasó a la cartera de Comercio, Industria y Turismo, en la que estuvo hasta abril de 2016.
El Ministerio Público también investiga la autorización que Álvarez otorgó para establecer el incremento de la tarifa de los peajes en la troncal Ruta del Sol, tramo 2, y la creación de dos peajes en el trayecto Ocaña – Gamarra.
Entre las pruebas que la Procuraduría ordenó practicar está la documentación de Cormagdalena y el Ministerio de Transporte en ese proceso, así como los conceptos emitidos sobre la improcedencia de realizar una adición al contrato 001 del 2010.
Juristas conocedores del caso señalan que la Ministra no tiene responsabilidad sobre el contrato dado que no formó parte del Comité que dio el visto bueno. Además, indican que el proceso de contratación estaba en manos de la Agencia Nacional de Infraestructura.
En días pasados, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, se declaró impedido para conocer la investigación en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por el caso Odebrecht. Martínez argumentó que en septiembre de 2012 dio un concepto legal como abogado, situación que le impide conocer detalles del proceso.
En su concepto, Martínez Neira, insistió en que el proceso tendría que darse por licitación para garantizar la transparencia.
“La concesionaria Ruta del Sol SAS no estaba llamada a ser la constructora de la ruta Ocaña-Aguas Claras-Gamarra-Puerto Acapulco, y que además la construcción de dicha vía debía ser contratada por licitación, respetando los principios de libre concurrencia y de igualdad entre los proponentes”.
“Debo precisar que esta es la única de las investigaciones que ha llegado a mi despacho (…) de los 18 casos que hacen parte del caso, este es el único que llega a conocimiento del Fiscal General”, dijo el jefe del ente acusador en su momento.
Fuente: El TIEMPO
Fotografía: Héctor Fabio Zamora / ELTIEMPO
