En una muestra de creciente descontento, los habitantes de la zona oriental del Atlántico han intensificado su petición al Gobierno Nacional, exigiendo una postura clara sobre el futuro del contrato administrativo con el Consorcio Autopista del Caribe. Esta entidad es responsable de la gestión del peaje de Sabanagrande y de Turbaco, Bolívar, ambos puntos neurálgicos para la movilidad regional.
El Ministerio de Transporte había anunciado previamente la terminación del contrato con el consorcio, argumentando que la entidad no cumplió con la presentación del cierre financiero del 2023. Sin embargo, a pesar de esta declaración, Autopista del Caribe continúa operando el peaje de Sabanagrande debido a dos prórrogas de cuatro meses cada una, otorgadas por el mismo ministerio. La segunda prórroga está programada para finalizar en agosto de este año, prolongando la incertidumbre entre los usuarios de la vía.
Los líderes de las protestas han criticado estas prórrogas, alegando que han sido implementadas para permitir al consorcio obtener créditos bancarios que mejorarían su situación económica. Mientras tanto, los usuarios de las vías del Atlántico deben seguir pagando las tarifas del peaje, lo que ha generado un sentimiento de injusticia y frustración. Los manifestantes exigen la eliminación del peaje o la implementación de una tarifa diferencial que alivie la carga económica sobre los habitantes locales.
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En una reciente protesta planificada como pacífica, se registraron daños significativos a la estructura del peaje. Los manifestantes, presuntamente, destruyeron las talanqueras, permitiendo el paso libre de vehículos particulares y de carga, un acto que refleja la magnitud del descontento y la urgencia de una solución.
El Consorcio Autopista del Caribe ha expresado su rechazo a los daños causados durante la protesta, argumentando que el desarrollo de las vías en la jurisdicción del peaje ha sido posible gracias al recaudo del pago de los usuarios, y no con recursos del Estado. Esta afirmación subraya la dependencia de los ingresos del peaje para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.
La situación en Turbaco, Bolívar, es similar, según el consorcio, lo que agrava aún más la complejidad del problema. La falta de claridad sobre el futuro del contrato y las prórrogas otorgadas han generado una atmósfera de incertidumbre y desconfianza tanto entre los usuarios como entre los gestores del peaje.
Es evidente que la situación requiere una intervención decidida por parte del Gobierno Nacional. La prolongación de las prórrogas sin una solución definitiva solo intensifica la frustración de los usuarios y socava la confianza en las autoridades. Es imperativo que se evalúen alternativas viables, como la reestructuración del contrato o la implementación de tarifas diferenciales, para equilibrar las necesidades económicas del consorcio con la capacidad de pago de los usuarios.
La gestión eficiente y transparente del transporte público y las infraestructuras asociadas es crucial para el desarrollo regional. La actual controversia sobre el peaje de Sabanagrande es un llamado de atención sobre la necesidad de políticas más inclusivas y equitativas que promuevan el bienestar de todos los ciudadanos.
Mientras el Gobierno Nacional y el Consorcio Autopista del Caribe buscan soluciones, los habitantes de la zona oriental del Atlántico seguirán alzando su voz, recordando que la movilidad es un derecho fundamental que debe gestionarse con justicia y transparencia.
Fuente: W Radio
