Una reciente resolución del Ministerio de Transporte ha encendido las alarmas entre los mandatarios locales de Colombia, debido a las posibles complicaciones que podría generar para la implementación de nuevos sistemas de transporte masivo. La norma, firmada por el ministro de Transporte William Camargo y alineada con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), establece nuevos requisitos para que la Nación cofinancie proyectos de transporte público, como buses, trenes y tranvías.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue el primero en expresar su preocupación. En un evento con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Rey detalló a Valora Analitik los posibles impactos negativos de esta nueva regulación. Aunque la norma permite que la Nación cofinancie hasta el 70% de la inversión en proyectos de transporte urbano, y más en el caso de trenes con convenios ya firmados, Rey subrayó que las nuevas reglas podrían generar más trabas que beneficios.
Una de las principales preocupaciones es la obligatoriedad de incluir procesos de valorización, lo cual podría ser inviable en ciertas regiones debido a sus condiciones socioeconómicas. “Es una resolución que incluye fuentes adicionales para la financiación del sistema de transporte masivo, pero la obligatoriedad de la valorización puede impedir su aplicación en algunas áreas”, explicó Rey.
Otro elemento crítico es la coexistencia entre el transporte de pasajeros y de carga. Según Rey, la nueva normativa exige que el sistema de pasajeros financie soluciones para el transporte de carga, lo que generaría sobrecostos y dificultaría los cierres financieros rápidos y seguros. Este punto es particularmente relevante para proyectos como el Regiotram del Norte, que está en fase de estudio como un nuevo tren de cercanías para Bogotá y la Sabana.
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Adicionalmente, la nueva norma establece que para presentar una iniciativa de transporte, deben existir alternativas para el mismo corredor en nivel de prefactibilidad, con estudios y diseños avanzados. Esto, según Rey, generará más costos y prolongará los tiempos de estructuración de los proyectos. “Actualmente, solo una iniciativa avanza en prefactibilidad, pero esta resolución exige que al menos dos lo hagan, lo que incrementa los costos y los tiempos”, señaló.
Por su parte, el Ministerio de Transporte defiende la resolución, argumentando que fortalecerá la implementación de sistemas de transporte público a través de una cofinanciación significativa. Según el MinTransporte, municipios con sistemas ya operativos podrán aplicar a nueva cofinanciación para inversiones en infraestructura, tecnologías vehiculares de bajas emisiones y más.
“Fortalecemos la implementación de los sistemas de transporte público en los territorios, a través de una cofinanciación de hasta el 70% del valor total del proyecto”, declaró el Ministerio, destacando que esta norma brinda claridad a las entidades territoriales para acceder al apoyo del Gobierno y fomenta una movilidad segura y sostenible.
La nueva norma del gobierno de Gustavo Petro representa un esfuerzo por mejorar y financiar los sistemas de transporte público en Colombia. Sin embargo, las preocupaciones expresadas por el gobernador Rey y otros mandatarios locales indican que su implementación podría no ser tan sencilla. La necesidad de cumplir con nuevos requisitos podría poner en riesgo la viabilidad de algunos proyectos, aumentando los costos y retrasando su ejecución.
Mientras el Ministerio de Transporte busca fortalecer la movilidad urbana, los mandatarios locales deben navegar por los desafíos adicionales que esta nueva regulación impone. El tiempo dirá si estos cambios serán un catalizador para el desarrollo del transporte público en Colombia o si se convertirán en un obstáculo más en el camino hacia una movilidad eficiente y sostenible.
Fuente: pulzo
