El nuevo decreto redefine el transporte de carga: menos camiones, más control y una guerra de argumentos
El transporte de carga en Colombia está a punto de experimentar un cambio trascendental. No se trata de simples ajustes, sino de una reconfiguración total del sistema, con un nuevo decreto del Ministerio de Transporte que modifica el Decreto 1079 de 2015. Esta reforma no solo ajusta los costos, la renovación de camiones y el control de los despachos, sino que también desata una fuerte disputa entre los transportadores y los generadores de carga, con la logística del país en juego.
El decreto, actualmente en consulta pública hasta el 10 de abril, establece reglas claras sobre quién podrá operar, bajo qué condiciones y con qué parámetros. Aunque algunos aún esperan posibles ajustes, ya está claro que las reglas del juego están cambiando.
Un freno a la entrada masiva de camiones
Uno de los cambios más significativos es la aplicación estricta del principio “uno a uno” para la renovación de la flota de carga. Esto significa que, por cada camión nuevo que entre en circulación, otro deberá ser retirado. Esta medida, aunque ya existía como recomendación, se convierte en una norma obligatoria. El Ministerio de Transporte argumenta que su objetivo es evitar una sobreoferta de vehículos que pueda generar una guerra de precios insostenible. La reducción de camiones en circulación busca equilibrar el mercado y garantizar tarifas más estables.
Sin embargo, esta medida ha generado controversia entre los gremios. Por un lado, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) señala que la exigencia de chatarrizar un camión viejo para incorporar uno nuevo podría aumentar los costos logísticos. Javier Díaz, presidente de Analdex, destacó que la medida encarecería el valor de los camiones en circulación, lo que impactaría directamente en los costos del transporte.
Por otro lado, los gremios de transportadores, como la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), defienden la medida, argumentando que los costos del transporte no dependen únicamente de la regulación estatal, sino de factores como el aumento en el precio del ACPM y los peajes.
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Más control sobre los despachos de carga
El nuevo decreto también introduce cambios en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), que se volverá más riguroso. Las empresas transportadoras deberán reportar información detallada sobre cada envío, desde el generador de carga hasta el destino, incluyendo el peso, las tarifas y la trazabilidad de la mercancía. Además, el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC) establecerá una tabla obligatoria de tarifas de fletes.
Esta obligatoriedad de reportar tarifas y condiciones ha sido vista con escepticismo por Analdex, que teme que esta medida imponga costos adicionales y reduzca la competitividad del comercio exterior colombiano. Sin embargo, para los transportadores, como la ACC, el SICE-TAC garantiza tarifas justas que reflejan los costos reales del transporte, evitando la precarización del sector.
Flexibilización para volquetas y grúas
El decreto también contempla una flexibilización temporal para las volquetas y grúas, permitiendo que durante un año, estos vehículos puedan cambiar de servicio de particular a público y ser utilizados para el transporte comercial, siempre bajo las condiciones que se establecerán en una reglamentación futura.
San Andrés: una excepción
Mientras que el resto del país tendrá que ajustarse a las normas de renovación de flotas, en San Andrés habrá una excepción. Los transportadores de la isla podrán operar vehículos que no sean nuevos ni de reposición debido a la limitada flota de carga (solo 49 camiones registrados hasta octubre de 2024). Sin embargo, quienes opten por estos vehículos no tendrán acceso al Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga, lo que significa que no recibirán incentivos para renovar sus vehículos en el futuro.
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Una reconfiguración del mercado
Este nuevo decreto no es solo una actualización normativa, sino un cambio estructural en el mercado de transporte de carga, con implicaciones directas en los costos logísticos, la competitividad y las dinámicas entre transportadores y generadores de carga. La tensión entre ambos sectores es evidente: unos ven en la regulación una garantía de sostenibilidad, mientras que otros la perciben como un obstáculo para la competitividad.
El decreto estará abierto a discusión pública hasta el 10 de abril, y los ajustes finales se anunciarán después de esta fecha. Una vez entre en vigor, marcará un antes y un después en la logística y el transporte de carga en Colombia.
Fuente: El Espectador
