Un grupo de congresistas presentó un proyecto de Ley Estatutaria con el objetivo de regular las plataformas de transporte en el país. La iniciativa, respaldada por parlamentarios de diversos partidos, representa un paso hacia la modernización del transporte y pretende resolver el conflicto que ha enfrentado a los taxis tradicionales con las plataformas digitales de movilidad. En un contexto de rápida evolución tecnológica, los autores del proyecto subrayan la necesidad de una normativa que no solo permita el uso de vehículos particulares para prestar servicios de transporte a través de aplicaciones, sino que también mejore el acceso a estos avances tecnológicos de manera equitativa.
El proyecto es impulsado por congresistas como María del Mar Pizarro y Heráclito Landinez (Pacto Histórico), Alfredo Deluque y Julio Alberto Elías Vidal (Partido de la U), Humberto De La Calle (Partido Verde Oxígeno), Julián David López Tenorio (Partido de la U), Carlos Ardila (Partido Liberal) y Katherine Miranda (Partido Verde), quienes se basaron en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2023. Dicha sentencia subrayó que las plataformas de movilidad se alinean con el derecho humano de acceder a los avances científicos y tecnológicos. Este marco legal busca regular los servicios intermediados por plataformas, ofreciendo una solución a la ambigüedad normativa que ha complicado la situación de quienes operan en este sector.
Entre los elementos clave de esta legislación se destaca la intención de que el Estado no interfiera en el uso y desarrollo de las tecnologías, a menos que esto implique violación de otros derechos fundamentales. Además, el proyecto promueve una perspectiva de género en el sector de la movilidad, buscando reducir las brechas que afectan a las mujeres que trabajan como conductoras en plataformas digitales. Este enfoque podría ser un hito importante en un sector donde la participación femenina es todavía limitada y las políticas de género suelen ser poco contempladas.
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El proyecto también prevé la creación de la “Estrategia Nacional de Desregulación para taxis”, cuyo propósito es nivelar el terreno de juego y reducir los trámites y barreras que actualmente obstaculizan a los taxistas. Con esta estrategia, los legisladores buscan aliviar la carga regulatoria que enfrentan los taxistas, permitiéndoles operar en un entorno más competitivo y moderno. Además, el proyecto establece un plazo de un año para que se realicen los ajustes normativos necesarios en el sector del taxi, lo cual incluiría la reducción de trámites innecesarios y la creación de estándares de calidad que mejoren el servicio.
Otro de los aspectos resaltados por los autores de la ley es la seguridad y la transparencia. Tanto las plataformas como los conductores tendrían la obligación de cumplir con requisitos que garanticen un servicio seguro y de calidad para los usuarios. Esto responde a una preocupación creciente sobre la falta de regulación en plataformas digitales y la necesidad de supervisión para evitar problemas de seguridad que puedan afectar a los pasajeros.
En cuanto a la no regresividad en el acceso a tecnologías, la ley pretende garantizar que no se tomen medidas que restrinjan los derechos que la ciudadanía ha ganado al utilizar aplicaciones de movilidad. Esta cláusula refuerza el compromiso del proyecto con la adaptación de las normativas de transporte a las exigencias tecnológicas del siglo XXI, evitando que el marco regulatorio en Colombia se convierta en un obstáculo para la innovación y el avance de la movilidad.
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El proyecto de ley presentado parece responder a las necesidades de un sector que se ha transformado radicalmente en los últimos años, pero que sigue atrapado en un sistema regulatorio que no ha evolucionado al mismo ritmo. En medio de una discusión que ha polarizado a la sociedad entre defensores de los taxis tradicionales y usuarios de plataformas digitales, esta propuesta promete darles a ambas partes un marco claro y equitativo para operar, facilitando un transporte moderno y eficiente.
La implementación de esta ley podría representar un hito en la legislación de movilidad en Colombia, estableciendo una base sólida para el uso de tecnología en el transporte. La pregunta que queda abierta es si el país está listo para superar la rivalidad entre taxis y plataformas y dar paso a un modelo de transporte que se adapte a las necesidades actuales y a las futuras demandas de los usuarios.
Fuente: ET
