La Vía Panamericana, columna vertebral del suroccidente colombiano, no puede seguir siendo rehén de bloqueos que asfixian la región. Esta problemática, que afecta a millones de ciudadanos, ha llevado a Asocapitales y a los gremios del suroccidente a anunciar una acción popular para que el Gobierno Nacional tome medidas contundentes. Esta iniciativa no solo es justa, sino necesaria para salvaguardar el bienestar de una región clave para el país.
Cada bloqueo en la Panamericana genera pérdidas diarias de aproximadamente $13.000 millones de pesos, afectando gravemente a sectores cruciales como la industria, el turismo y el transporte terrestre y de carga. Estas pérdidas no solo afectan a las empresas y trabajadores directamente involucrados, sino que también tienen un efecto dominó en la economía local y nacional. Las industrias dependen de un flujo constante de bienes y servicios, y cualquier interrupción puede tener consecuencias a largo plazo.
El sector turístico, por su parte, sufre un golpe significativo. La región suroccidental de Colombia es un destino atractivo para los turistas, y los bloqueos desalientan la visita, resultando en una disminución de ingresos para hoteles, restaurantes y otros negocios locales. El transporte terrestre y de carga, esencial para el suministro de productos básicos y materias primas, se ve gravemente afectado, incrementando los costos y retrasando las entregas.
Sin embargo, las consecuencias de los bloqueos trascienden lo económico. La paralización de las actividades cotidianas y la afectación a quienes requieren atención médica urgente son efectos inhumanos que no se pueden permitir más. En lo que va del año, se han registrado 29 bloqueos en la vía entre Popayán y Cali. Estos bloqueos no solo interrumpen el tránsito de personas y mercancías, sino que también ponen en riesgo la vida de aquellos que necesitan llegar a hospitales y centros de salud.
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La protesta social es un derecho constitucionalmente protegido, pero su ejercicio no debe violentar la vida de millones de personas. Las comunidades con especial protección constitucional, como los pueblos indígenas y afrocolombianos, también se ven afectadas por estos bloqueos, que agravan su situación de vulnerabilidad.
Es imperativo aplicar con eficacia los mecanismos de negociación y diálogo para atender las necesidades de los grupos que recurren a estos bloqueos. Sin embargo, si no se logran resultados por este medio, se debe acudir a la Fuerza Pública para retomar el control y garantizar el derecho al libre tránsito. El Gobierno Nacional debe intervenir de manera rápida y eficaz para prevenir los bloqueos y resolver las situaciones de orden público en la Panamericana.
La acción popular anunciada por Asocapitales es una medida que busca proteger los derechos colectivos en movilidad, seguridad alimentaria y acceso a servicios públicos. Es fundamental que el Gobierno Nacional tome en serio esta iniciativa y adopte medidas preventivas y correctivas para asegurar el funcionamiento continuo de la Vía Panamericana.
Por todo lo anterior, vale la pena apoyar la acción popular anunciada por Asocapitales. Esta medida no solo busca salvaguardar los intereses económicos de la región, sino también proteger los derechos humanos y sociales de sus habitantes. La movilidad es un derecho fundamental, y su interrupción por bloqueos recurrentes es una violación a este derecho que debe ser abordada con urgencia.
El Gobierno debe trabajar en soluciones a largo plazo que incluyan la mejora de las infraestructuras viales, la implementación de políticas de diálogo y negociación efectivas, y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública para garantizar el orden y la seguridad en la región.
La Vía Panamericana no puede seguir siendo rehén de bloqueos que paralizan una región vital para Colombia. La acción popular anunciada por Asocapitales y los gremios del suroccidente es una iniciativa necesaria para proteger los derechos colectivos y asegurar el bienestar de millones de ciudadanos. Es hora de que el Gobierno Nacional tome medidas contundentes para prevenir y resolver esta problemática, garantizando así la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios públicos esenciales para todos.
Fuente: Diario Occidente
