Hace algunas semanas y en medio de un contexto de incertidumbre económica tras el bajo recaudo registrado por la Dian para el mes de abril, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció una noticia que dejó fríos a los transportadores del país: El aumento del precio del Diésel en el país se daría de manera inminente ante un creciente riesgo de desfinanciación en la economía pública.
Hace algunas horas, y en línea con esa decisión, se publicó el decreto que regularía esa alza para el combustible, utilizado por millones de camiones y buses del país que transportan pasajeros y carga. El documento, firmado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, establece un alza a través de un mecanismo diferencial para estabilizar los precios de grandes consumidores. Entre las medidas establecidas, el decreto asegura que el ingreso al productor deberá estar relacionado con el precio de paridad internacional. Además, establece algunas excepciones, pues la medida no aplica para las empresas generadoras de energía ubicadas en zonas no interconectadas ni para los sistemas de transporte terrestre masivo de pasajeros, como TransMilenio.
El Decreto 763, que regula el precio del diésel para grandes consumidores como empresas petroleras, mineras y cementeras, no aplica a estaciones de servicio ni distribuidores minoristas. Este decreto entra en vigor a principios de agosto y comienza a flotar con el mercado internacional.
“Con fecha 18 de julio fue expedido el Decreto 763, con el cual se ajusta el precio del diésel para grandes consumidores. Grandes consumidores significa todos aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20 mil galones mensuales. Eso aplica para empresas de petróleo, mineras, cementeras y otros grandes consumidores. No aplica en las bombas de gasolina ni los distribuidores minoristas”, indicó el ministro Bonilla a través de un video.
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Además, agregó que el decreto aplicará a partir de 45 días después de que sea emitido y pone el precio del diésel para esos consumidores a flotar junto al mercado internacional. Es importante recordar que gran parte del hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se debe al subsidio del diésel y por ello es importante realizar el ajuste. Sin embargo, este debe ser minuciosamente revisado para evitar impactar la inflación, pues este combustible mueve automotores que transportan comida y otros bienes hacia las diferentes ciudades del país.
Aunque en 2022 el déficit del FEPC terminó en 37 billones de pesos, luego de los ajustes al precio de la gasolina, al cierre del 2023 este déficit quedó en 15,2 billones de pesos. Este año el déficit podría cerrar en 12 billones de pesos, generado directamente por el ACPM.
La cartera precisó que los grandes consumidores de este combustible ya están identificados y son empresas que compran el combustible directamente al comercializador y que no acuden a las bombas de gasolina como cualquier consumidor del país. Estos consumidores de grandes cantidades se encuentran en sectores como el de petróleo, carbón, explotación de caña, producción de cemento, minería, entre otros.
Es importante precisar también que el déficit se encuentra sobre todo en el transporte de carga, que sería el más afectado con la decisión, pues además de enfrentar un incremento en los precios, también deben sortear un escenario de altos precios del petróleo, una tasa de cambio devaluada y otros problemas que hacen urgente el hecho de reducir los subsidios. En varias ocasiones, la Federación de Empresarios Transportadores de Carga ha mencionado los efectos de la decisión sobre los camioneros. Hace algunas semanas aseguraron que es importante que el Gobierno considere el subsidio del FEPC como un subsidio social, porque el precio del diésel impacta directamente en la economía de todos los hogares del país y también es esencial en el desarrollo económico que pretende el Gobierno nacional.
La decisión de incrementar el precio del diésel ha generado opiniones divididas. Mientras algunos expertos argumentan que la medida es necesaria para estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal, otros señalan que el impacto en el sector del transporte de carga será severo. El aumento en los costos operativos de los transportadores podría traducirse en un incremento en los precios de los bienes de consumo, afectando así la economía de los hogares colombianos.
El Gobierno de Michoacán y la Policía Auxiliar han trabajado en conjunto con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEEAM) para garantizar la seguridad de los inspectores y permitir la reanudación de las exportaciones a Estados Unidos. Esta colaboración es un ejemplo de cómo la cooperación entre el sector privado y las autoridades gubernamentales puede mitigar los efectos de decisiones difíciles y asegurar la continuidad del comercio.
el aumento del precio del diésel es una medida que, aunque necesaria para la estabilidad económica del país, debe ser manejada con cuidado para minimizar su impacto en la inflación y en la economía de los hogares colombianos. La colaboración entre el sector privado y las autoridades es crucial para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. El futuro del transporte de carga en Colombia dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno y de los transportadores para adaptarse a estos cambios y trabajar juntos hacia un desarrollo económico sostenible.
La publicación del Decreto 763 marca un hito importante en la política económica del país, con repercusiones significativas para el sector del transporte de carga. La medida, aunque controvertida, es un paso hacia la estabilización fiscal y el control del déficit, pero su implementación requerirá de un monitoreo constante y ajustes necesarios para asegurar que no se convierta en una carga insostenible para los transportadores y la economía en general.
Fuente: Revista Semana
