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Avance del programa de chatarrización aún no llega a 4% de la meta

Desde octubre del año pasado se han desintegrado 990 vehículos de carga. El Gobierno se propuso llegar 25.000 automotores a 2022.

Cuando el Gobierno colombiano ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), uno de los compromisos que adquirió fue crear un programa integral para renovar el parque automotor de carga.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, a partir de información registrada en el Runt, en Colombia hay 122.168 vehículos con un peso superior a 10,5 toneladas, de los cuales 50.053, que equivalen al 40,97 %, corresponden a vehículos de servicio público y particular de carga de más de 20 años de antigüedad.

Justamente a estos automotores está dirigido el plan de modernización que lanzó el Gobierno en junio del año pasado, y que se reglamentó con la Resolución 5304 del 24 de octubre de 2019. La meta que se trazó el Gobierno fue chatarrizar 25.000 vehículos a 2022.

Desde esa fecha y hasta el 31 de octubre de 2020 solo se han desintegrado 990 vehículos de carga según Mintransporte, cifra que equivale a 3,96% de la meta de los automotores para desintegrar que se propuso esta administración.

Según el Ministerio, el programa de modernización del parque automotor “ha venido desarrollándose y avanzando de acuerdo a lo previsto, naturalmente con las limitaciones derivadas de la pandemia del coronavirus, como ha ocurrido en diferentes actividades”.

Con el programa no solo se buscan reducir las emisiones de CO2 de los vehículos más antiguos, sino también impulsar la competitividad de los transportadores.

El sistema de sustitución anterior conocido como “uno a uno”, que inició en 2009, establecía que para poder operar un vehículo de carga nuevo primero se debía chatarrizar otro viejo. Bajo este mecanismo se desintegraron en una década cerca de 30.000 vehículos, pero con la llegada del nuevo plan de modernización se pusieron sobre la mesa cuatro alternativas para los transportadores.

La primera es un reconocimiento de 100% del valor del vehículo, al cual pueden acceder voluntariamente los transportadores a cambio de desintegrar su automotor, pero no reponerlo. La segunda opción permite a los propietarios desintegrar y comprar un vehículo nuevo con exenc–ión de IVA a cambio de un reconocimiento del 50%.

Una tercera posibilidad que abrió el Gobierno para renovar sus equipos fue un beneficio económico de 40% para salir voluntariamente del mercado, aplicable a automotores de más de 20 años que no cuentan con Soat, ni Revisión Técnico Mecánica.

Finalmente, también se posibilitó a los transportadores renovar o reponer, sin importar el año modelo, y ser eximidos de la contribución ambiental para la renovación del parque automotor del 15%.

De acuerdo con el Ministerio, desde octubre del año pasado se han postulado 1.574 vehículos y por tanto, un número similar de propietarios, al programa de modernización del parque automotor de carga.

De ese total, 939 postulaciones han sido a las alternativas de reconocimiento económico sin fines de reposición, 450 a reconocimiento económico con fines de reposición, 112 para reposición sin reconocimiento económico y los 73 restantes a una alternativa de reposición por pérdida total en accidente, caso fortuito o fuerza mayor.

Además, para facilitar la ejecución del plan de chatarrización, se creó un nuevo Fondo de Modernización del Parque Automotor de Carga, mediante la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo). Según Mintransporte, al 31 de octubre de 2020 se han ejecutado recursos por valor total de $30.163 millones. A este fondo se le han asignado a la fecha $183.863 millones.

LOS CONDUCTORES

Desde la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) aseguran que se han presentado barreras para acceder al programa.

“Aunque se reconoce la buena voluntad del Gobierno para avanzar en el desarrollo del plan de chatarrización, hay varios factores que lo han frenado para el caso de las empresas de transporte”, aseguró Nidia Hernández, presidente ejecutiva del gremio.

Entre ellos está el impacto en el valor de los vehículos importados por el incremento del dólar, también está el bajo volumen y la descompensación de carga en las rutas principales, por cuenta de la pandemia.

Además, según la presidente de Colfecar, los pequeños propietarios han manifiesto que se han encontrado con exceso de trámites, demora en aprobaciones de las solicitudes y retrasos de hasta seis meses en los desembolsos de los reconocimientos por vincularse al programa.

“Por otra parte, las exigencias imposibles de conseguir como la petición de documentación con más de 20, 30 y 40 años en Secretarías de Tránsito, los controles de la Dijin y la exigencia de dos videos de ingreso en la desintegradora han hecho que en el sector los pequeños propietarios pierdan confianza en el programa”, aseguró.

Fuente: Portafolio

Imagen: Archivo Portafolio

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