Como sociedad debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se debe proteger y garantizar por las autoridades. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. No existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le impida tener comida en su mesa y la de su familia; esa obstrucción es un hecho que transgrede normas del código penal, sin interpretaciones ambivalentes.
En varias regiones del país son cada vez más frecuentes los actos de bloqueos de vías, que realizan algunas comunidades u organizaciones, como medio de presión para lograr que los gobernantes, territoriales o nacionales, se comprometan con soluciones a algunos problemas específicos que padecen; sin embargo, esos bloqueos generan, al mismo tiempo, consecuencias traumáticas y costosas para la mayoría de los habitantes, visitantes y organizaciones del territorio donde ocurren, por la violación o ilegal restricción de su derecho a la libre movilidad.
En estos días han arreciado -como los aguaceros- esos bloqueos de vías en Boyacá, sur del Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira, entre otros. Las causas giran alrededor de temas comunes, tales como mantenimiento de vías, problemas de acceso al agua, vivienda, programas de alimentación y transporte, salud, entre las principales; es decir, temas de la administración pública.
Como regla general, todos los bloqueos terminan luego de los acuerdos a los que se llega como resultado del diálogo entre los líderes de las comunidades que protestan y los representantes del gobierno. Es una situación que se repite frecuentemente y se ha convertido en un déjà vu perverso. Lo acabamos de vivir con dos casos de bloqueos simultáneos que impedían llegar a la zona central de La Guajira, tanto desde el norte como desde el sur de este departamento.
Luego de los acuerdos alcanzados que permitieron el cese de los dos bloqueos de más de 36 horas, algunos miembros de una de las comunidades que protestaba salieron presurosos a manifestar con alegría que “realizar bloqueos si valía la pena”. Lo curioso es que al mismo tiempo, y luego de dos días de bloqueos, el gobernador encargado salió a decir que “La administración departamental demuestra que está presta al diálogo con las comunidades y a través de éste llegar a acuerdos para las soluciones”
La ineludible pregunta que surge entonces es: ¿Si las soluciones a los diferentes problemas que padecen las comunidades se logran mediante el diálogo respetuoso y oportuno, por qué hay que esperar hasta que ocurran esos bloqueos, con las graves afectaciones que generan a la mayoría de los habitantes y organizaciones, para sentarse a analizar cada situación e identificar soluciones concretas que satisfagan a las partes y que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades?
Ese enfoque, poco lógico pero frecuente, parece tener un origen cultural, o puede obedecer a tácticas de negociación como parte del proceso de búsqueda participativa de las posibles soluciones, pero que definitivamente debe erradicarse en el desarrollo del relacionamiento del gobierno y las comunidades.
Como sociedad debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se debe proteger y garantizar por las autoridades. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. No existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le impida tener comida en su mesa y la de su familia; esa obstrucción es un hecho que transgrede normas del código penal, sin interpretaciones ambivalentes. Por su parte, los gobernantes deben actuar con actitud proactiva y con enfoque social preventivo, y no deben esperar a que ocurran las “vías de hecho” para cumplir con su deber de atender oportunamente los problemas cotidianos y apremiantes de las comunidades. Ese es el comportamiento gana – gana que se debe asumir. Solo así se puede lograr la sana convivencia y la anhelada paz en los territorios.
Fuente: El Heraldo
Imagen: Pixabay
